29 de Abril de 2016

Disputan 3 cárteles control de Acapulco La Procuraduría General de la República (PGR) tiene identificados a tres cárteles o agrupaciones del crimen organizado con presencia en el puerto de Acapulco, uno de los principales centros turísticos del país. Un reporte de la Agencia de Investigación Criminal y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia del 8 de marzo de 2016, indica que Los Rojos, Los Ardillos y el Cártel Independiente de Acapulco mantienen presencia en la ciudad. Estos grupos surgieron tras la muerte de Arturo y la detención de Héctor Beltrán Leyva, líderes del cártel que lleva sus apellidos. La falta de control dentro de la agrupación originó una disputa interna y escisión por el control de la producción y trasiego de droga. El reporte de la dependencia indica que además de estas tres agrupaciones, las áreas de inteligencia del gobierno federal identifican a cinco organizaciones más, las cuales realizan operaciones ilícitas en alguno de los municipios que integran al estado de Guerrero. Estos grupos son Los Granados, La Familia Michoacana, Guerreros Unidos, La Empresa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operan en la zona de Tierra Caliente y en municipios que colindan con el estado de Guerrero. El Cártel Independiente de Acapulco es una de las agrupaciones con mayor presencia en el puerto. En los últimos meses el gobierno federal atribuye a esa organización criminal diferentes hechos delictivos. La última agresión se presentó el pasado 24 de abril cuando hombres atacaron con armas de fuego a elementos de la Policía Federal que se hospedan en hoteles del puerto. La agresión fue en represalia por la captura de Fredy del Valle Berdel, El Burro, en Baja California Sur.

Crece fortuna de Gali El candidato del PAN a la Gubernatura, Antonio Gali Fayad, duplicó su fortuna personal en sólo seis años. Las cifras reportadas en su más reciente declaración patrimonial contrastan con sus ingresos por concepto de salarios desde su incorporación al Gobierno de Puebla y, más tarde, como Alcalde de la capital poblana. De acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso REFORMA, en 2009, como funcionario del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el panista reportó un patrimonio por 19 millones 954 mil 416 pesos. En ese momento declaró dos terrenos de mil y 14 mil 778 metros cuadrados cada uno, un edificio, dos vehículos, obras de arte, joyas y cuentas bancarias. Al postularse como candidato a la Alcaldía por la coalición Puebla Unida, en 2013, reportó un patrimonio familiar por 77 millones 470 mil 34 pesos, es decir, casi cuatro veces más de lo declarado tres años antes. Más tarde en 2014, el 15 de abril, ya como Edil, notificó un patrimonio individual de 33 millones 124 mil 356 pesos. Un año después, el 25 de febrero de 2015, en la modificación de su reporte, aseguró que su fortuna ascendió a 33 millones 481 mil 388 pesos. El abanderado blanquiazul también posee una residencia de lujo en el Fraccionamiento La Vista Country Club, valuada por especialistas en al menos 70 millones de pesos. El aumento de la fortuna del candidato contrasta con los ingresos que reportó entre 2009 y 2013 a su paso por cargos públicos en instancias federales, la Administración estatal y el Ayuntamiento de Puebla. Por ejemplo, en junio de 2009 informó ingresos mensuales por 203 mil 060 pesos por concepto de su encargo público en el SAT, así como de 960 mil pesos en un año por actividades industriales y comerciales. En 2010 notificó que obtuvo remuneraciones por 1.5 millones de pesos anuales. Además en 2009 manifestó erogaciones por un millón 18 mil pesos a lo largo del año.

 

Ya investiga PGR la actuación en el río La Procuraduría General de la República dio vista a la Visitaduría General para indagar la actuación de todos los servidores públicos de esta dependencia, incluido el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quienes realizaron investigaciones policiales el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, en Cocula. De acuerdo con la PGR, este miércoles la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la institución —a cargo de Eber Betanzos—, pidió a la Visitaduría General indagar y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes por este hecho. Esta investigación se deriva de la publicación de un video que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH durante la presentación de su último informe por el caso Ayotzinapa, el domingo pasado. En las imágenes aparecen Zerón y otros agentes policiales recorriendo la zona del río San Juan donde, según las declaraciones de los autores materiales de estos hechos que constan en los expedientes de la PGR, fueron arrojadas las ocho bolsas de plástico con los restos de los normalistas asesinados y carbonizados en el basurero de Cocula . En el video también aparece Agustín García Reyes, El Chereje, presunto integrante de la organización criminal Guerreros Unidos, guiando a los servidores públicos de la PGR en este punto del río San Juan, en el municipio de Cocula. Los integrantes del GIEI pidieron que se investigara esta diligencia, pues aseguraron que no estaba incluida en el expediente de la investigación del caso: insinuaron una siembra de pruebas por el parecido de las bolsas que fueron halladas con los restos de los normalistas el 29 de octubre de 2014.

Hunden a Tomás Zerón revires de la ONU y el GIEI La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desmintió a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y aseguró que personal de la ONU nunca llegó al río San Juan la tarde del 28 de octubre de 2014, como asegura el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR). Por este motivo, agrega, el personal de ONU-DH no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona, ni tampoco tuvo conocimiento de la presencia de Agustín García Reyes –presunto inculpado en el caso– en el río San Juan, hechos que se conocen apenas ahora con la información proporcionada por el mismo funcionario. ‘‘Por lo anterior, el organismo internacional manifiesta su extrañamiento por la mención de su presencia y papel en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un ex funcionario de esta oficina’’, dice el comunicado. Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de ‘‘tergiversar’’ la realidad de los hechos ocurridos en el río San Juan, y pidieron una indagación ‘‘profunda, objetiva e imparcial’’, para lo cual debe dejar su cargo y ser investigado de manera independiente. ‘‘Nadie puede autoinvestigarse’’.

Gamboa acusa: PAN y PRD bloquean ley anticorrupción Los coordinadores del PRI, PAN y PRD y PVEM en el Senado, se enfrascaron en una serie de acusaciones, descalificaciones y hasta retos donde no faltaron las culpas y responsabilidades recíprocas por la falta de acuerdos para sacar el paquete de leyes secundarias anticorrupción en lo que se preveía fuera la última sesión del periodo ordinario de sesiones. Como ha sido durante las últimas semanas, los cabildeos y negociaciones para tratar de sacar estas leyes fueron la constante sobre todo por parte del coordinador del PRI, Emilio Gamboa, pero sin que fructificaran. Por ello, el priista, rechazó que ese partido bloquee las leyes anticorrupción y retó a las bancadas del PAN, PRD y PT a sacar su propuesta en esa materia luego de que descalificaran la que presentó el PRI. “No nos dejemos engañar, PAN, PRD y PT son mayoría, si ellos quieren pueden sacar la ley anticorrupción que quieran…”, emplazó Ello luego de que el PRD a través de su coordinador, Miguel Barbosa, aseguró que se achicó la reforma anticorrupción y retó al PRI a imponer su propia propuesta en materia anticorrupción. “Que la impongan, pero será con nuestro voto en contra”, adelantó Barbosa aseguró que el PRD no obstaculizará el debate sobre la propuesta de leyes secundarias que planteó el PRI, ya sea en comisiones o en el pleno, pero recalcó que no las avalaran. En tanto el presidente de la comisión anticorrupción en el Senado, Pablo Escudero, rechazó que la propuesta para que los servidores públicos presenten y hagan públicas sus declaraciones no corresponda a lo solicitado por la sociedad civil. De hecho aseguró que tan es funcional que el propio dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, la utiliza para con la opción de no autorizar que se conozca la declaración patrimonial de su esposa.

Investiga la PGR a Zerón Luego del cruce de los señalamientos entre el actuar de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la institución a cargo de la procuradora Arely Gómez González informó que la Visitaduría General investigará la actuación de sus servidores públicos, entre ellos el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio. En un comunicado, la PGR indicó que en relación con los hechos registrados el 28 de octubre de 2014, en las inmediaciones del Río San Juan, en Cocula, informa: La Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes. La Visitaduría General, como establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de la PGR, es el órgano de supervisión, inspección, fiscalización, evaluación técnico-jurídica y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la institución en lo que se refiere a las funciones sustantivas que realizan, así como de investigación de los delitos en que eventualmente incurran.

Pondrán GPS a policías para evitar tortura El Senado aprobó en comisiones la primera ley contra la tortura, que obliga a los policías a utilizar un dispositivo satelital para monitorear la detención de un presunto delincuente, su traslado y presentación ante el Ministerio Público. También creará el Mecanismo Nacional de Prevención, integrado por expertos independientes que formarán parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para hacer visitas sorpresa a cualquier centro de reclusión, incluidos los de tipo militar. Con la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes se castigará hasta con tres años de cárcel a los integrantes de los cuerpos policiacos y funcionarios públicos de todos los niveles que traten de manera inhumana o degradante, incluso con ofensas verbales, a los detenidos no violentos. La legislación no considera tortura los sufrimientos físicos o sicológicos causados por medidas legales o las inherentes o accidentales a éstas, así como por el uso legítimo de la fuerza.

Condenan por primera vez a un general por tortura Un General de Brigada fue condenado a 52 años y medio de cárcel por la tortura, homicidio en inhumación clandestina contra un civil en 2008, lo cual representa la primera sentencia a un elemento de dicho rango por este tipo de delitos en un tribunal no castrense. El juez Décimo de Distrito en Chihuahua, René Ramos Pérez, emitió la sentencia contra el general Manuel Moreno Aviña, excomandante de la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua. La causa penal 49/2012 indica que además fue acusado de inhumación clandestina en su modalidad de destrucción de cadáver, cometido en contra de una persona el 25 de julio de 2008. Durante las primeras horas de ese día, la víctima fue detenida con vida por elementos en activo de la Tercera Compañía de Infantería. El expediente señala que los militares de este cuartel lo detuvieron para obtener información sobre el asesinato de un efectivo del Ejército, y lo trasladaron a sus instalaciones. En el lugar, lo ataron y mojaron para aplicarle descargas eléctricas en el cuerpo en presencia de diversos elementos castrenses, quienes interrogaban a otros individuos. Todo bajo las ordenes de Moreno Aviña. Otro grupo se encargaba de proveerle primeros auxilios para extender el interrogatorio; sin embargo, alrededor de las 09:00 horas falleció, presuntamente por fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio secundarios a las descargas eléctricas, indica el expediente. “Por órdenes directas del sentenciado, el cadáver de la víctima fue subido a un vehículo y transportado a un rancho en el que fue incinerado de manera clandestina; ello sin hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente, aún a sabiendas que los mismos eran constitutivos de varios ilícitos”, indicó el Consejo de la Judicatura Federal por medio de una nota informativa. Por estos hechos se condenó además a Moreno Aviña al pago de 410 días multa (20 mil 295 pesos) y 15 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Baja Pemex pérdidas en 38% a marzo Pemex reportó una reducción en sus pérdidas de 38 por ciento anual en el primer trimestre del año, beneficiada por menores impuestos. Entre enero y marzo de este año la empresa tuvo pérdidas por 62 mil 47 millones de pesos, frente a los 100 mil 546 millones de un año antes, de acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Los impuestos que paga Pemex se redujeron en 35 por ciento, a 65 mil 10 millones de pesos. La petrolera dijo que sus ingresos totales fueron de 224 mil 989 millones de pesos entre enero y marzo de este año, inferiores a los 279 mil 499 millones del mismo período del 2015. Los menores ingresos también fueron compensados con una caída en el costo de ventas (-16.4 por ciento), en los gastos de administración (-6 por ciento), y en los gastos financieros (-21.8 por ciento). En el primer trimestre del año el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación bajó 43 por ciento, a 25 dólares por barril. El 13 de abril el Gobierno anunció una ayuda por 73 mil 500 millones de pesos a la petrolera para fortalecerla financieramente, ante la difícil situación que enfrenta con bajos precios del crudo. Además, el Gobierno informó de un cambio en el régimen fiscal de Pemex con lo que el pago de derechos de la petrolera se reduciría en unos 50 mil millones de pesos. En lo que se refiere a las adecuaciones en su sistema de pensiones, Juan Pablo Newman, director corporativo de finanzas, señaló en conferencia con inversionistas que se espera que este mismo año se haga una transferencia por 136 mil millones de pesos de la Secretaría de Hacienda a las arcas de Pemex. Estos son resultado de una negociación con el sindicato que permitió reducir el pasivo laboral a largo plazo en 186 mil millones de pesos -según cálculos iniciales de la petrolera- de los cuales 50 mil millones de pesos se entregaron en diciembre.

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