25 de Abril de 2016

Sada: no será México ‘punching bag’ de EU Carlos Sada dice sentirse como caballo en el arrancadero, “con toda la adrenalina” para llegar a Washington en los primeros días de mayo. El nuevo embajador mexicano ante el gobierno de Barack Obama maneja un tono suave, pero es directo con la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto: “México no será utilizado como punching bag de los intereses de nadie en Estados Unidos”. El señalamiento está relacionado con los ataques de Donald Trump, aspirante a la candidatura presidencial republicana, y a los políticos que cada cuatro años la toman contra México y los mexicanos para alimentar sus campañas electorales. El diplomático no puede ocultar su felicidad porque tuvo un proceso terso de ratificación en el Senado y “no hubo votos en contra. Eso habla de corresponsabilidad”. Y también porque rompió la marca en obtener el plácet del Departamento de Estado. En ocho días tenía el beneplácito de la diplomacia estadounidense en la bolsa. Por eso mismo, en entrevista expresa su desacuerdo en que no haya embajador de Estados Unidos en México y que el Senado estadounidense no haya ratificado la designación de Roberta Jacobson. “(Se) debilita la interlocución de los gobiernos”, suelta. Con 25 años de experiencia diplomática en Norteamérica —21 en Estados Unidos y cuatro en Canadá—, Sada sabe de los entresijos de la política estadounidense. No nos vamos a inmiscuir en el proceso presidencial estadounidense, responde ante la posibilidad de que Trump plantee un escenario de tal naturaleza. Tiene clara, sin embargo, la estrategia para defender los intereses mexicanos de la diatriba antiinmigrante desatada por Trump: cada golpe se responderá con datos duros de las aportaciones económicas de los connacionales que viven en Estados Unidos.

Domina Unión Tepito el mercado de droga En siete años, La Unión Tepito se convirtió en el grupo criminal dominante en el mercado de la droga en la Ciudad de México. Surgido a mediados de 2009, actualmente opera en el Centro, los corredores Insurgentes y Viaducto, Polanco y la Delegación Gustavo A. Madero, en los límites con Nezahualcóyotl. Este grupo delictivo copió la forma de operar de La Familia Michoacana: pasó de la venta de «protección» a cobrar «derecho de piso», cometer ejecuciones y controlar la venta de estupefacientes. Pese a las quejas de comerciantes, operativos y averiguaciones previas que vinculan a sus miembros con homicidios y secuestros -a algunas de las cuales tuvo acceso Reforma-, los líderes siguen libres. Su estructura se conforma de células independientes. La averiguación previa CAPE/T3/914/13-05 se detalla que el liderazgo lo detenta Francisco Javier Hernández Gómez, «Pancho Cayagua», apoyado por sus hermanos Armando, «El Ostión»; Víctor Hugo, «El Sanguinario»; Julio César y María Magdalena. De acuerdo con esa denuncia, estos sujetos provienen de una familia de comerciantes de zapatos. La célula administrativa, según la indagatoria, es liderada por el ex agente federal Ricardo López Castillo y la abogada Teresita Muñoz, mientras el ala de cobradores está a cargo de «El Wolverine» y Armando, «El Ojos». Entre las decenas de facciones de sicarios con que cuenta, están la de «El Sic» y la de los hermanos Omar y Ricardo Romero, de acuerdo con el expediente CUH-7/T1/1619/13-05. Sobre el primero pesa una orden de aprehensión por el asesinato del narcomenudista Horacio Vite, ocurrido el 24 de mayo de 2013 en la Condesa, lo que desató el plagio de 13 jóvenes del bar Heaven. La mayoría son afectos a la santería, la Virgen de San Juan, San Judas Tadeo y la Santa Muerte. De hecho, la madre de los Romero administra la iglesia que rinde culto a esta última en Tepito.

 

Descalifica el GIEI y se retira; la PGR lo refuta En su segundo y último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puso en entredicho la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y, con un video que se refiere a peritajes practicados en el río San Juan, en Cocula, insinuó que se habrían manipulado evidencias para sustentar la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual, según el grupo, la mayor parte se basa en declaraciones obtenidas bajo tortura. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su molestia porque la PGR tampoco indagó plenamente la línea del quinto autobús, del cual, dijeron, el Ministerio Público federal realizó peritajes a un camión que no corresponde al que abordaron los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Coincidieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en que debe investigarse la actuación de la Policía Federal, porque existen señalamientos de testigos contra agentes de esa corporación, que los responsabiliza de no haber actuado y haber colocado un retén para detener a los estudiantes, acción en la que pudieron estar implicadas diferentes policías municipales que crearon un cerco de aproximadamente 80 kilómetros para evitar que los estudiantes escaparan de Iguala. El GIEI también descalificó el informe del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego sobre el basurero municipal de Cocula, ya que «no ésta fundado en pruebas científicas» y en el que participó un especialista que «ni siquiera estaba calificado» para integrar ese equipo y al que ellos se opusieron que participara. Al presentar ayer el informe final en el Claustro de Sor Juana, acompañados de organizaciones civiles, activistas y una representación de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, los miembros del GIEI indicaron que pese a sus peticiones de no fragmentar el caso, «éste está más que cuando llegamos». Ángela Buitrago señaló que después de la presentación del primer informe del GIEI, el 6 de septiembre pasado, surgió una quinta versión «sin soporte en ninguna declaración: que los normalistas llevados al basurero de Cocula no serían 43, sino un número mucho menor, 17».

Manoseo oficial de Ayotzinapa: GIEI El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa no halló una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron ejecutados e incinerados los 43 estudiantes de esa normal rural, desaparecidos desde septiembre de 2014. Por el contrario, tras un año y un mes de trabajo confirmó su conclusión –a la que llegó hace siete meses– de que en ese tiradero no existió incineración de estos cuerpos. Al presentar ayer su informe final sobre el caso –de 608 páginas–, los expertos aseguraron que las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, se ha manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en la desaparición, y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión gubernamental. Subrayaron que el sistema de justicia mexicano sólo investiga y castiga a los autores materiales del delito, pero es omiso con los intelectuales. La investigación a la cadena de mando no existe. Con este reporte, los expertos cierran sus trabajos en México (el 30 de abril concluyen su labor), después que el gobierno federal negó prorrogar su mandato. Lamentaron que el principal objetivo del GIEI –la ubicación de los normalistas– no se haya concretado. Un elemento clave para las investigaciones, dijeron, era obtener de manera directa el testimonio de los militares que estuvieron presentes en varias de la escenas de los hechos violentos en Iguala, lo cual fue reiteradamente rechazado por la administración de Enrique Peña Nieto. Los expertos concluyeron que existe certeza de que en el ataque contra los normalistas hubo perfecta coordinación durante más de 10 horas entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado, con la finalidad de crear un círculo de control que abarcaba hasta 80 kilómetros, para evitar la salida de los autobuses (tomados por los estudiantes) de Iguala. En contraparte, diversas policías, entre ellas la federal, habrían dejado pasar el llamado quinto autobús (que de acuerdo con la hipótesis del GIEI es clave para la investigación, ya que podría estar relacionado con el trasiego de estupefacientes de Iguala a Chicago, Estados Unidos). Esta unidad, agregaron, ni siquiera se había incorporado al expediente inicial del caso.

Volvería a firmar el Pacto por México Si otra vez tuviera que firmar el Pacto por México, “¡lo firmo!”, porque fue un instrumento que le sirvió al país y propició cambios y avances importantes, y porque en el PRD aspiramos a seguir siendo una opción viable de gobierno, no pensamos en las conveniencias de la izquierda o de nuestro partido, sino de la nación, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva. En reunión con directivos de Crónica, el perredista repasó las circunstancias en que surgió aquel instrumento de concertación política, habló de la “muy preocupante” situación del país, del ascenso a nivel global de los populismos de izquierda y de derecha, y pronosticó que solo o aliado el PRD ganará al menos seis de las doce gubernaturas en juego el 5 de junio próximo. Señaló que para su partido la contienda electoral más trascendente se librará en la capital del país, debido a la tradicional importancia de ésta como enclave político y por el impacto que los resultados tendrán rumbo al 2018. Zambrano refirió encuestas según las cuales en la Ciudad de México el PRD y Morena se hallan empatados en 21 por ciento, lo cual significa que “ellos han caído y nosotros recuperado terreno a pesar de los problemas del ejercicio de poder”, pues hace un año el segundo partido “estaba 6 puntos arriba”. Comentó que, en efecto, hace tiempo el jefe de gobierno Miguel Mancera aparecía como candidato natural del PRD, mas el desarrollo de los acontecimientos ha llevado otros a levantar la mano, y añadió que, por lo mismo, él ha tratado de convencer a aquél de “¡que se lance ya, con todo, que saque toda la cartuchera!”.

Falsearon pruebas: GIEI; aportamos el sustento , dice PGR La Procuraduría General de la República sostuvo que la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sigue abierta y que no terminará hasta que el último responsables sea sancionado; en su mensaje el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, reconoció el trabajo de los integrantes del GIEI, cuyo trabajo será adjuntado a las investigaciones. Luego de que el l Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó lo que será su último reporte, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una postura donde puntualizó todas las diligencias que se han realizado en el caso de los normalistas y las peticiones del GIEI que fueron cumplidas hasta en más del 80 por ciento. Eber Omar Betanzos, destacó en las oficinas de la PGR que los familiares de normalistas y el gobierno federal están del mismo y buscan el mismo objetivo: “Saber qué pasó con los normalistas y presentar ante el Ministerio Público Federal a los responsables”. El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, reconoció que los hechos de Iguala, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes, “han representado una de las más grandes ofensas y unos de los más grandes desafíos al Estado de derecho mexicano”. En conferencia de prensa en el que reiteró que las investigaciones sigue abiertas hasta el esclarecimiento total de los acontecimientos, el funcionario de la PGR, destacó que la institución refrenda su interés de seguir trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales y con sus representantes. Eber Betanzos, dijo que la PGR también expresa, que en el contexto de las medidas cautelares del caso Iguala brindará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toda la información necesaria para su seguimiento de los hechos que han representado una de las más grandes ofensas y unos de los más grandes desafíos al Estado de derecho mexicano. Y, agregó: “las autoridades reiteramos nuestro compromiso con la apertura con la exhaustividad y con la transparencia de la investigación, por ello la PGR puso a disposición de la ciudadanía la versión pública del expediente, además como parte de esta política de apertura, se anuncia que en esta semana se dará a conocer un amplio informe con el estatus actual de la investigación hasta el segundo mandato.

GIEI da informe final; se analizará, dice Peña Con 22 recomendaciones y la ratificación de sus críticas al Estado mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su último informe por mandato sobre el caso Ayotzinapa. Entre los señalamientos de Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia destaca la presunta diligencia fantasma del 28 de octubre de 2014 en Cocula, Guerrero, un día antes del primer peritaje oficial. Solicitaron, además, no cerrar la investigación sobre un quinto autobús en el caso –Excélsior informó el 4 de abril que había sido agotada esa indagatoria–. También indicaron la presunta existencia de 17 casos de tortura y la participación de policías de Huitzuco en la desaparición de los 43 normalistas. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que la PGR analizará el informe y atenderá las recomendaciones del GIEI. Al entregar su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó 22 recomendaciones al Estado mexicano relacionadas con la búsqueda y las investigaciones del caso Iguala así, como el respeto a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para evitar su revictimización. Entre las principales recomendaciones presentadas por Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia se pidió la disminución de la burocracia en las indagatorias, evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada así como evitar la fragmentación de los procesos. Los expertos dijeron que en la indagatoria faltó comunicación pública para evitar filtración, atención adecuada y manejo público de las víctimas, informes médicos adecuados a estándares internacionales y actitud cooperativa frente a asistencia internacional, entre otros.

Seis de los 43 no eran alumnos de la Normal En la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, no hay expedientes académicos de seis de los 43 desaparecidos del caso Iguala, es decir, no hay un solo documento que los acredite como alumnos de esa escuela de nivel superior. En la página 338 del tomo 89 del expediente público de la Procuraduría General de la República, se indica que Abelardo Vázquez Peniten es “uno de los seis estudiantes de Ayotzinapa sin expediente en la universidad”. En ese tomo se incluyeron las búsquedas que realizó la Procuraduría para conocer toda la información relacionada con cada uno de los 43 y de este joven se encontró su media filiación, y dos perfiles de Facebook, uno de ellos completamente privado. De acuerdo con la ficha que elaboró el Centro de Atención a Personas Extraviadas (CAPEA), reproducida en el expediente en la página 19 del tomo 89, el número de expediente de Vázquez Peniten es “Ausente”. De acuerdo con las investigaciones reveladas por la PGR sobre los hechos de 26 y 27 de septiembre de 2014, los directivos de dicha Universidad ni siquiera contaban con fotografías de esos seis supuestos alumnos. De hecho, para que el personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR pudiera integrar la imagen de dichos jóvenes a las indagatorias del caso, tuvieron que verse en la necesidad de rastrearlo en las principales redes sociales de internet como son: Facebook, My Space, Hi 5, Sonico y Twitter. Incluso, cuando arrancó la búsqueda de los 43, en los carteles que usó la Procuraduría Estatal de Guerrero para ubicarlos, en el espacio de Abelardo Vázquez Peniten y también de otro desaparecido con nombre Israel Caballero Sánchez, sólo aparecía una silueta masculina negra, en lugar de su fotografía, ya que la Normal Isidro Burgos no contaba con sus respectivos expedientes.

Señalan a los partidos por filtrar información Los nueve partidos políticos nacionales con registro recibirán este año casi 64 millones de pesos para realizar tareas de vigilancia de la lista nominal de electores y, pese a ello, son los principales sospechosos de que los datos personales de 83.5 millones de mexicanos aparecieran indebidamente en Internet. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electores (Legipe) reconoce el derecho de los partidos a revisar, vigilar y observar el contenido de esta base de datos a través de la Comisión Nacional de Vigilancia. Para realizar esos trabajos, cada fuerza política recibirá este año 7 millones 104 mil 425 pesos. Pese a este millonario programa de vigilancia, el listado nominal apareció en la nube de Amazon, el portal de ventas por Internet más importante de Estados Unidos. René Miranda, director del Registro Federal de Electores, aceptó, en entrevista con El Financiero, que el corte de información que apareció en Internet había sido entregado a los partidos en febrero de 2015, para que éstos realizaran observaciones antes de aprobar la lista nominal a utilizar en las elecciones federales de ese año. Esa obligación está prevista en el artículo 151 de la Legipe. “Los campos presentes en este depositario coinciden perfectamente con la entrega que se hizo en febrero… Yo, la verdad, sin descartar a priori cualquier posible actuar de personal del instituto, creo que en este caso estamos hablando de una copia que se generó en esas fechas para poder entregar a los partidos políticos”, explicó René Miranda. Incluso, aclaró que ningún funcionario del Registro Federal de Electores tiene acceso a toda esa información: “Hay funcionarios que tienen acceso, pero no a toda la base de datos… Cada una de las áreas tiene una función específica y no tiene posibilidad de acceder a la base de datos totalmente”. En febrero de 2015, explicó, los partidos recibieron la lista nominal de electores en un dispositivo USB, pero, a diferencia de otros años, el dispositivo entregado a cada uno contó con una huella (electrónica) que ahora permitirá identificar no sólo a qué partido, sino a qué persona en específico se entregó el medio magnético. “A la elección de 2015 fueron 10 partidos nacionales y algunos partidos pidieron un par de copias”, indicó.

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