Alzheimer: una crisis silenciosa que desafía al sistema de salud en México

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- El Alzheimer se perfila como uno de los principales retos de salud pública en México, no sólo por su crecimiento acelerado, sino por la insuficiente capacidad institucional para atenderlo de manera oportuna. A pesar de ser la causa del 60 a 80 por ciento de los casos de demencia, la enfermedad continúa subdiagnosticada y rodeada de estigmas que retrasan la atención médica y social.

Cifras oficiales de la Secretaría de Salud indican que más de 1.3 millones de personas viven actualmente con Alzheimer en el país, número que podría triplicarse para 2050. Entre la población mayor de 60 años, la prevalencia alcanza 7.8 por ciento, mientras que la mortalidad asociada se mantiene en 2.3 decesos por cada 100 mil habitantes.

Uno de los principales obstáculos es el retraso en el diagnóstico, que puede extenderse entre tres y 10 años, a pesar de que la enfermedad puede iniciar hasta dos décadas antes de manifestarse clínicamente. Esta brecha limita la posibilidad de intervenir en etapas tempranas, cuando es posible retrasar el deterioro cognitivo y planificar cuidados adecuados.

Una carga que recae en los hogares

El impacto del Alzheimer rebasa el ámbito médico y se convierte en un problema social y económico. En México, 85 por ciento de los cuidados son asumidos por las familias, y cerca del 70 por ciento de esta labor recae en mujeres, sin reconocimiento económico ni respaldo institucional. De acuerdo con el INEGI, el trabajo de cuidados no remunerado equivale a 17.6 por ciento del PIB nacional.

El informe De la concientización a la acción: abordando el creciente problema del Alzheimer en México, elaborado por The Economist Impact, advierte que la falta de políticas públicas integrales perpetúa una carga invisible que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y limita su participación laboral y social.

Costos crecientes y estigma estructural

En términos económicos, el Alzheimer genera un gasto anual superior a los 23 mil millones de pesos, de los cuales 85 por ciento es cubierto directamente por los hogares. Esta presión financiera se suma a un problema estructural de percepción: el 65 por ciento del personal de salud aún considera que la demencia es parte natural del envejecimiento, lo que retrasa la atención y normaliza la pérdida cognitiva.

Asimismo, casi 40 por ciento de la población percibe desinterés o falta de atención por parte del personal médico hacia las personas con demencia, lo que profundiza la desconfianza en el sistema de salud.

Diagnóstico temprano y prevención, la ruta pendiente

De acuerdo con la Comisión Lancet, hasta 40 por ciento de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse mediante el control de factores de riesgo como hipertensión, obesidad, inactividad física, depresión y aislamiento social.

Especialistas coinciden en que el avance del Alzheimer exige una respuesta de Estado: fortalecer el primer nivel de atención, impulsar el diagnóstico temprano, combatir el estigma y consolidar un sistema nacional de cuidados que reconozca y apoye a las familias.

De no atenderse de manera integral, advierten, la enfermedad seguirá avanzando más rápido que las políticas públicas destinadas a contenerla.