01 de Julio de 2015
Proyectan reducir 22% programas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso reducir 22% el número de programas presupuestarios que actualmente operan en el sector público. En el documento que entregó ayer a la Cámara de Diputados, la dependencia planteó disminuir de mil 97 programas presupuestarios que hay en 2015 a sólo 851 el próximo año. Lo anterior fue resultado de la revisión y análisis, y de la decisión de fusionar y eliminar aquellos programas que no cumplen con sus objetivos o duplican sus funciones. Esta reingeniería es parte del recorte al gasto público y de los trabajos que llevarán a la concreción del Presupuesto Base Cero. Los ajustes que plantea la secretaría se encaminan a asignar de mejor forma los recursos, a fortalecer la eficacia y eficiencia de la administración, así como reducir los gastos de operación con medidas de austeridad. También se priorizan los apoyos a programas sociales y productivos y continúa el impulso a la inversión en infraestructura. De los ramos bajo control del gobierno federal se puso sobre la mesa reducir de 818 programas a 605. Para ello se plantea que 261 programas presupuestarios se fusionen en 99; la resectorización de otros siete; la eliminación de 56, y la creación de cuatro nuevos. En el documento se establece que se propone fusionar el programa de Apoyo Alimentario en Prospera de inclusión social. El Instituto Nacional de la Economía Social de la Sedesol se une con el de Opciones Productivas de la misma secretaría.
Achacan a Moreira un robo millonario
Las autoridades de EU estiman que Humberto Moreira «robó cientos de millones de dólares del erario de Coahuila» cuando fue Gobernador. Lo anterior, según el acuerdo de admisión de culpabilidad de Rolando González Treviño, empresario allegado al ex Mandatario priista. De acuerdo con el documento, fechado el 3 de abril ante la Corte del Distrito Oeste, en San Antonio, Texas, González admite su culpabilidad de conspirar para enviar fondos robados a EU tras aceptar que el Gobierno de ese país podría comprobar el desvío y envío de fondos pertenecientes al erario de Coahuila. El acuerdo de admisión de culpabilidad fue abierto hasta ayer al público. En una relatoría de hechos, que EU afirma puede probar, es donde, de forma indirecta, pero sin dejar lugar a dudas, se implica a Moreira, también ex líder nacional del PRI. El documento hace mención a diversos personajes que no se identifican con nombre, sino con códigos. El personaje principal, que sería Moreira, es nombrado como «CC1» (coconspirador 1), siendo el que ofrece puestos a los demás involucrados y orquesta el desvío de recursos. El Gobierno de EU indica que tiene evidencia de que CC1 desvió recursos del erario desde enero o febrero de 2006. Moreira juró como Gobernador a fines de 2005. El documento especifica que los desvíos de CC1 fueron enormes. «Se estima que los fondos del Estado de Coahuila robados por CC1 aproximan los cientos de millones de dólares», se establece en el texto. La narración de pruebas relata que los desvíos fueron para usos personales, así como para adquirir diversos medios de comunicación en Coahuila. Detalla, citando fechas específicas, transacciones y transferencias financieras de millones de dólares realizadas a EU. Inclusive hace alusión a una reunión de gabinete de marzo de 2009 en la que Moreira habría mencionado -en presencia de 17 Secretarios de Coahuila- las cuentas en Edinburg, Texas, en las que se deberían hacer dos transferencias, el 7 de abril y el 4 de mayo de 2009. Al final de la relación de hechos y de la presunta evidencia probatoria de Estados Unidos, Rolando González admite haber conspirado con CC1 y seis coconspiradores más para defraudar y robar fondos del erario de Coahuila por un monto cercano a 1.85 millones de dólares.
Sedena y PGR a salvo en el Plan de Egresos 2016
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó a la Cámara de Diputados su propuesta de nueva Estructura Programática para integrar el Presupuesto de Egresos 2016 que compacta programas y estructuras gubernamentales, sin tocar las correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República; los Poderes Legislativo y Judicial no entregaron su propuesta. Se fusionaron 261, se resectorizaron siete, se eliminaron 56 y se crearon cuatro. En la política de fusión de programas presupuestales (Pp), destacan el de la Gendarmería Nacional, que absorberá operativos de prevención y disuasión del delito a cargo de la Policía Federal; el programa de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, que de cinco se integrará en uno; en Semarnat, de cuatro programas relacionados con agua potable, alcantarillado y saneamiento queda uno; la SEP fusiona tres sobre calidad de educación y tres sobre subsidios para la autonomía de gestión escolar; la Sedesol fusiona el Programa Alimentario con el de Prospera y Turismo el de Pueblos Mágicos con el programa Regional Sustentable. Se crean los programas Nacional de Convivencia Escolar, que absorberá el de Escuela Segura, y el Nacional de Inglés, que se aplicará desde la formación básica en las 32 entidades federativas; en el Ifetel se eliminaron los programas de prevención de prácticas y concentraciones monopólicas, por ejemplo. Entre los programas que desaparecen están el censo de escuelas, maestros y alumnos; el derecho de extracción de hidrocarburos y el especial sobre minería; las medidas de racionalidad y austeridad de servicios personales (seguridad social); provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros; programa escuela segura y el de esquemas de cuotas, apoyos y aportaciones a organismos internacionales. Estas acciones de cambio son para enfrentar el nuevo esquema de “presupuesto cero”, que contempla el desplome de los ingresos petroleros y la necesidad de reducir el gasto público en 135 mil millones de pesos para evitar el aumento del déficit presupuestal.
Precisan militares de un marco legal apropiado: Sedena
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, sostuvo que hoy, en la operación diaria, las fuerzas armadas requieren instrumentos legales apropiados, modernos y funcionales que garanticen su desempeño y den respuesta certera a las exigencias de nuestra sociedad, que le permitan afrontar la realidad actual y futura del país. Luego de recibir ayer la presea General de División Joaquín Amaro Domínguez de parte del Consejo Nacional de la Abogacía, el militar dijo que los retos que encara la patria exigen la presencia de los soldados en diversas áreas del territorio, siempre coadyuvando con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Seguiremos realizando estas tareas mientras se requiera y la sociedad lo demande. Cienfuegos, quien recibió el reconocimiento por su labor en favor del diálogo entre militares y la sociedad civil, añadió que la demanda de la sociedad para que los soldados continúen en las calles “se refleja en la confianza que cada familia nos deposita, confianza que es el motor que nos mantiene en marcha. Aspiramos a mantener esa confianza con nuestro actuar íntegro, siempre con apego a la ley y con respeto a los derechos fundamentales de las personas, afirmó.
La Corte avala despido de maestros con tres faltas
La Corte declaró ayer la constitucionalidad del Artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y avaló con ello la determinación de este ordenamiento en el sentido de que el maestro que acumule tres faltas injustificadas, consecutivas o salteadas en un mes, deberá ser dado de baja del servicio. En sesión plenaria los once ministros resolvieron 11 solicitudes de amparo con las cuales ya suman 14 las demandas denegadas, de un paquete de 26 solicitudes en trámite contra la reforma educativa, en particular la evaluación docente. La ley referida, resolvieron los ministros, no trasgrede la garantía de libertad de trabajo, pues no impide a los profesores dedicarse al trabajo que decidan, y sólo establecen como condición de permanencia obtener resultados favorables en las evaluaciones. El pleno del máximo tribunal, tal como ha hecho en sesiones precedentes sobre las demandas de maestros que se oponen a la evaluación, confirmó que las normas impugnadas no violan los derechos a la estabilidad laboral, libertad de trabajo, dignidad y acceso a un mejor nivel de vida. La Corte inició la semana pasada la discusión sobre las 26 peticiones de amparo de quienes argumentan que las modificaciones constitucionales y legales vulneran sus derechos laborales.
