19 de Junio de 2015
Ampara la Corte bodas gay; el clero lo repudia
El matrimonio entre personas del mismo sexo en México es una realidad que está venciendo resistencias. Aunque sólo en tres entidades existe legislación que permite esta unión con todos los derechos, en los últimos años el inicio de juicios y amparos ha sido la forma en que esta comunidad que busca tener un matrimonio civil igualitario ha logrado acceder a este derecho considerado en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que reconoce a toda persona y a todo núcleo familiar con el mismo valor y la misma dignidad. Son el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila las únicas entidades en el país que permiten la unión entre dos personas del mismo sexo, y que incluyen las mismas garantías que en una relación heterosexual como: seguro social, vivienda, procrear, adoptar y derechos para los hijos. En Campeche, Jalisco y Colima se permite la unión; sin embargo, sus códigos civiles contienen artículos que limitan el goce pleno de garantías, y no se toman en cuenta derechos para las parejas y para los hijos, como en cualquier matrimonio. En el resto del país las parejas homosexuales han tenido que recurrir a juicios o amparos para que se les garanticen estos derechos, que no prevén las legislaciones locales. La falta de apertura en los gobiernos de los estados para modificar sus leyes y permitir los matrimonios igualitarios no tendrá más relevancia, ya que a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales, no hará falta una ley para que las personas puedan exigir el respeto a esta garantía y se les permita unirse en matrimonio.
La Suprema Corte de Justicia discutirá el lunes proyectos de sentencia que avalan la evaluación magisterial obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros. El pleno de la Corte revisará los primeros 26 amparos de miles promovidos por profesores disidentes agrupados en la CNTE para impugnar la reforma educativa, en particular los temas de evaluación previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Los proyectos, del Ministro Fernando Franco, resuelven que la evaluación obligatoria está prevista en el Artículo 3 constitucional y es coherente con tratados internacionales que protegen la estabilidad en el empleo. «La separación de algún docente de su empleo cuando no acredite las evaluaciones respectivas se encuentra plenamente justificada, en tanto se busca a la vez garantizar el derecho de los educandos a recibir un servicio de calidad impartido por docentes calificados», dice el proyecto. «La restricción a la estabilidad en el empleo del personal docente se justifica en tanto pretende salvaguardar otro derecho humano, relacionado con la educación de calidad que deben recibir todos los individuos, en específico los niños», agrega. Señala que tampoco se viola el derecho de audiencia previa en el caso de trabajadores con nombramiento definitivo, que serán readscritos a tareas no educativas o invitados a jubilarse si fallan tres evaluaciones. Lo anterior, ya que la ley prevé un procedimiento sujeto a formalidades en el que se escuchará al afectado, quien podrá impugnar ante tribunales.
SEP: Oaxaca se retractó y pagó a los faltistas
El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, reveló que en un primer momento, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) pidió que no se les pagara a los maestros que por dos semanas se mantuvieron en paro, pero después se retractó. «El Ieepo solicitó el jueves pasado que no se les pagara a los maestros de Oaxaca y el viernes por la tarde acudieron con el director de finanzas de la secretaría y el oficial mayor para pedir que se les pagara a todos. «Lo he insistido muchas veces, el patrón sustituto es el órgano local, la autoridad local no asimila esa circunstancia que está prevista en el acuerdo de 1992», indicó. En entrevista a su llegada a una reunión privada con integrantes de la Coparmex, insistió que con base en el acuerdo de modernización educativa es competencia de los estados reportar a los maestros que faltan a clases. «Es responsabilidad de quienes tienen a su cargo la operación de la nómina, ¿cómo va a ser responsabilidad nuestra?», señaló. Además, el funcionario federal desestimó a las entidades que presentan el problema de ausentismo de docentes al referir que «los estados son tres, los otros 29 no tienen problema; entonces, vamos a partir de una lógica dura con la mayoría del país, son 29 los que tienen problemas». Recalcó que cumplirá con su obligación de comparecer ante el Congreso de la Unión la próxima semana. Más tarde, a través de un comunicado, la SEP insistió que el Ieepo solicitó a esta dependencia suspender el trámite de los pagos de la quincena 11, y posteriormente pidió la reanudación de los mismos, tras argumentar que ya existía un acuerdo con los docentes de la sección 22 de la CNTE. «La Secretaría de Educación Pública, a través del oficial mayor de la dependencia, Jorge Carlos Hurtado, aclaró respecto a las constantes declaraciones del director general del Ieepo, Moisés Robles, quien ha expresado no estar en posibilidades de retener el pago a los maestros que no asistieron a laborar durante la primer quincena de junio, ya que esta responsabilidad recae supuestamente en las atribuciones de la SEP», expuso el boletín.
Osorio: momento clave para lograr una justicia eficaz
México vive un momento decisivo para arribar a una justicia eficaz, transparente y sobre todo al alcance de todos, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, a un año de que concluya el plazo constitucional para la implementación del sistema penal acusatorio en todo el país. ‘‘Se trata de lograr una justicia donde la ley se cumpla sin dilaciones y sin pretextos. También dejar atrás los procesos burocráticos que generan desconfianza, lentitud e incertidumbre, con juicios orales justos, transparentes y expeditos, y sobre todo, lograr que las violaciones al debido proceso sean cosa del pasado garantizando el respeto a los derechos fundamentales de víctimas e imputados’’, dijo. Al inaugurar el Encuentro internacional sobre la reforma al sistema de justicia penal: experiencias comparadas, que tiene lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el responsable de la política interior enfatizó que la culminación de este proceso ‘‘se logrará haciendo valer el principio de presunción de inocencia, terminando de una vez por todas con la práctica de detener para investigar, y apegándonos a la práctica de investigar para detener, asegurando que las acusaciones se sustenten, las defensas sean adecuadas y los juicios imparciales. Es, nada más y nada menos, la transformación jurídica más profunda que nuestro país ha vivido en todo un siglo’’.
Llegan inversiones por 110,000 mdp a Veracruz
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, afirma que a Veracruz ha llegado una lluvia de importantes inversiones, que detonarán el desarrollo de la entidad; dice que esto ha sido posible por la reconstrucción de instituciones, en un proceso que tuvo “un inicio complejo”. Duarte de Ochoa conversó sobre muchos aspectos de la vida de su estado, “tan complejo y diverso como un país”. Lo hizo con afabilidad, y no sin mostrar en distintos momentos la chispa y el ingenio que caracterizan a los jarochos. Estos son los puntos centrales de la conversación colectiva con el economista y político veracruzano. Iniciamos con un recuento de los saldos electorales del pasado 7 de junio. El gobernador decidió, según sus palabras, “empezar por el final”. Dijo que había motivos de satisfacción por las elecciones en su estado. “Veracruz no fue foco rojo”, al contrario, el de 2015 resultó ser “uno de los procesos electorales más tranquilos y ordenados de la historia del estado”. Abundó que el 100 por ciento de las casillas fueron instaladas, el 100 por ciento cerró con normalidad “y ninguna de las 10 mil 427 tuvo incidentes mayores”. Además, hubo una participación del 47 por ciento del padrón, notable si tomamos en cuenta que eran elecciones federales intermedias y no había ningún proceso local concurrente. Concluye que el proceso fue así por “una madurez democrática que hemos alcanzado” y que toma el resultado “como un refrendo ciudadano a mi gobierno y un mandato para cerrarlo correctamente”. El PRI ganó 16 de las 21 diputaciones uninominales en disputa.
