11 de Mayo de 2015
Inseguridad limitará las reformas, alerta OCDE
Problemas de inseguridad y violencia, así como la falta de un Estado de derecho más consolidado y un mejor sistema judicial, limitarán los beneficios de las reformas estructurales aprobadas en México, reconoció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En entrevista, la directora del Gabinete del organismo, Gabriela Ramos, afirmó que aunado a estas debilidades del país, a escala estatal parece no haber suficiente capacidad para enfrentar los retos que implica el problema de inseguridad. “Es muy importante que las administraciones estatales tengan las capacidades para lidiar con los retos que estamos enfrentado, pero no las tienen; hay una falta de capacidad, muchas veces de coordinación y falta de instrumentos para combatir la inseguridad”, dijo la funcionaria. Agregó que se requiere una inversión muy importante en las instituciones en México para que las reformas rindan todos los frutos, “porque si no tienes la seguridad ni consolidado el Estado de derecho y no revisamos el sistema judicial e incrementamos su efectividad, entonces vamos a limitar los beneficios de las reformas”, advirtió. Si bien dijo que la aprobación de las reformas estructurales es un logro histórico para México, ahora el verdadero desafío del país recae en el fortalecimiento institucional.
Multa INE al Verde, ahora con 329 mdp
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sigue violando la ley y acumulando multas millonarias. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer una nueva sanción al PVEM por 329 millones 295 mil 599 pesos por financiamiento ilegal para la adquisición de spots en Televisa y TV Azteca. El INE acreditó que el Verde recibió aportaciones en especie de sus grupos parlamentarios en el Congreso y de sus legisladores por un monto de 109 millones 765 mil 199 pesos, cuando la ley establece que tienen prohibido hacer donaciones a partidos políticos. Ésta es la multa más alta impuesta por el INE en el actual proceso electoral, y una de las más elevadas en la historia, junto con los casos conocidos como Pemexgate, que mereció una multa por mil millones de pesos, y Amigos de Fox, por 545 millones. De aprobarse esta sanción, el Verde acumularía 522.5 millones de pesos en multas este año -algunas de las cuales siguen en litigio-, lo que representa 161 por ciento de su financiamiento para gastos ordinarios de 2015, que asciende a 323 millones de pesos. Ayer, en sesión extraordinaria, la Comisión determinó calificar la infracción como «grave especial» e imponer una multa equivalente al 300 por ciento del monto de los contratos para la producción y difusión de 270 mil spots, entre septiembre de 2014 y febrero de este año. La sanción se desprende de una resolución del Tribunal Electoral federal que determinó que dichos spots no constituyeron verdaderos informes legislativos del PVEM, sino una campaña para posicionar al partido frente al electorado a través de una sobreexposición en medios.
Javier Gándara, coleccionista de casas en EU
El candidato del PAN al gobierno de Sonora, Javier Gándara Magaña, y sus familiares directos tienen al menos nueve casas en Estados Unidos y un avión que el ahora aspirante nunca reportó en sus declaraciones patrimoniales cuando fue presidente municipal de Hermosillo entre 2009 y 2012. De acuerdo con los registros de propiedad en poder de Milenio, Gándara posee una mansión en La Jolla Scenic Drive, de las zonas más exclusivas de San Diego, California, valuada en tres millones 600 mil dólares. Esa casa figura como propiedad de la empresa Mannon LTD, una firma británica cuyo principal giro es la adquisición de inmuebles por parte de personas que no desean que se hagan públicos sus nombres; tiene su sede en Irlanda del Norte y actualmente se encuentra disuelta. Javier Gándara y su esposa, Marcela Fernández de Gándara, también son propietarios de dos condominios horizontales en el suburbio Bonita, también en San Diego, con un costo de 270 mil dólares cada uno. En el Barrio Linda Vista, del fraccionamiento Fashion Hills, también en San Diego, Gándara tiene otra propiedad de 172 metros cuadrados, con precio de mercado de 372 mil dólares, y se encuentra a nombre de Ana Marcela Gándara Fernández, hija del candidato. Otra propiedad del matrimonio Gándara-Fernández en San Diego, valuada en un millón 200 mil dólares, está en la zona residencial University City. La quinta propiedad en esa ciudad californiana se encuentra en Chula Vista, con precio en el mercado de 320 mil dólares. En enero de 2015, Javier Gándara y su esposa otorgaron un poder legal para que su yerno Juan Carlos Tirado Woolfolk, esposo de su hija Alejandra, quedara como «responsable» de cuando menos una de estas casas en San Diego. Las otras tres posesiones que tampoco fueron declaradas en México están en Arizona: la primera, a nombre de Gerardo Gándara Fernández, hijo del ex alcalde de Hermosillo, en el número 7751 de la East Via Casta, en Scottsdale, en el condado de Maricopa, en el McCormick Ranch Golf Club, adquirida en enero de 2007 por 537 mil dólares. En el momento de la compra Gerardo Gándara tenía 23 años y según las declaraciones patrimoniales de su padre, era su «codependiente».
Jornaleros de San Quintín: que dimita el gobernador de BC
Los jornaleros agrícolas de San Quintín, en voz de los dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, exigieron la inmediata renuncia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a quien responsabilizan del provocador e ilegal operativo contra familias de cuatro colonias de la delegación Vicente Guerrero, agredidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva que irrumpieron en sus hogares entre las cinco y seis de la mañana del sábado pasado, con un saldo de 70 personas heridas de balas de goma, toletazos y golpizas brutales. Fidel Sánchez Gabriel, Juan Hernández y Bonifacio Martínez, voceros de la alianza, informaron que solicitarán al Senado la renuncia del mandatario panista “por los actos represivos que ordenó contra los jornaleros y sus familias. Esta es la segunda ocasión que el gobernador responde con balas, granadas de gases lacrimógenos, toletazos y golpizas a nuestra legítima lucha por un salario justo y la defensa de nuestros derechos laborales, dijo Fidel Sánchez, tras informar que ya solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que promueva el proceso de destitución de Francisco Vega, como lo hizo en el caso del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre.
Malgastan 5,000 mdp en fallida cédula de identidad
Al menos 5 mil millones de pesos han sido malgastados desde 2009 en el fallido proyecto de la cédula de identidad, de acuerdo con los presupuestos anuales de egresos difundidos por la Secretaría de Hacienda. El despilfarro también ha sido documentado en las cuentas públicas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, sin que hasta ahora se haya señalado a los responsables o aplicado sanciones administrativas o penales a funcionarios involucrados. El gobierno del panista Felipe Calderón planteó la expedición de esta cédula el 21 de agosto de 2008, en el marco del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado en Palacio Nacional. Se estableció como tiempo de ejecución tres años y la entidad operadora sería la Secretaría de Gobernación. Desde entonces han desfilado por la dependencia cinco secretarios: Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont, Francisco Blake, Alejandro Poiré y Miguel Ángel Osorio Chong, pero el resultado ha sido el mismo: desinterés e ineficiencia. “El caso refleja por decir lo menos absoluta falta de planeación, lo mismo antes que ahora, porque Gobernación nunca ha sido capaz de explicar por qué se han derrochado tantos recursos en un programa trunco”, dice Sigrid Arzt, ex comisionada del IFAI y experta en la protección de datos personales. El desdén persiste… Crónica solicitó a la Segob información sobre el estado actual de los 2 mil equipos especializados en la obtención de datos biométricos, los cuales fueron comprados en 2009 a la empresa Smartmatic Internacional Holding en 300 millones de pesos. También sobre el Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP) contratado a finales de ese mismo año a las compañías Unisys de México y Axtel por un monto de 765 millones de pesos, sobre otros gastos y el futuro del proyecto. La respuesta fue que carecía de información porque los más recientes titulares de la Subsecretaría de Población: Mercedes Guillén, y del Registro Nacional de Población: Alejandro Armenta Mier, habían renunciado a sus cargos en busca de una diputación. Las huidas paralizaron a la institución.
