10 de Mayo 2015
Pretende Conagua cobrarse a lo chino
Evlyn Cervantes
Cd. de México, México (10 mayo 2015).- A la precaria economía de los municipios se le presenta ahora una nueva amenaza: el cobro forzado y automático del agua por parte del Gobierno federal, que actúa como «dueño» del agua en todo el País.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) encontró la forma de cobrarse a lo chino los adeudos de los municipios, muchos de los cuales se encuentran en condiciones económicas de insolvencia operativa.
La dependencia federal prevé hacer un «borrón y cuenta nueva» a los adeudos por más de 70 mil millones de pesos de 858 municipios y organismos operadores con la condición de que los Estados aprueben una reforma legal que impida que caigan de nueva cuenta en incumplimiento de pago.
Rolando Aguilar y Ángel Galeana /Corresponsales
CHILPANCINGO, 10 de mayo.— El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) firmaron ayer una “minuta de acuerdos” para la gobernabilidad en el estado que incluye 41 puntos, entre ellos una ley de amnistía para presos políticos, la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, además de justicia laboral para transportistas, normalistas y desplazados por la violencia.
En el encuentro participaron líderes de organizaciones sociales, así como del ala radical de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes advirtieron, sin embargo, que continuarán con las movilizaciones en el estado hasta encontrar justicia en el caso Ayotzinapa. El propio Ortega afirmó que el pacto se suscribió sin condicionantes y que no dará una salida autoritaria.
De acuerdo con un funcionario presente en la reunión, Ortega les dijo a las organizaciones sociales que quienes ocupen cargos de elección popular deben tener un trato amable, diligente y sencillo, “y al que no se los quiera dar, túmbenle la puerta y sáquenlo de la oficina; quédense ustedes a gobernar, porque cuando se tiene la oportunidad de llegar aquí es para servirle al pueblo, no para servirse del poder, enriquecerse y llenarse los bolsillos”.
Entre las demandas se exige la entrega de 200 concesiones para el transporte público en la capital del estado y legalizar las plazas magisteriales que no tienen sustento presupuesta
LA JORNADA
Reprime la policía a jornaleros
Antonio Heras
Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) atacaron a la comunidad triqui de la colonia Nueva San Juan Copala, en el Valle de San Quintín, bajo el supuesto de que algunos jornaleros querían ingresar a un rancho para incendiarlo. El saldo fue de 70 heridos, siete de ellos de gravedad, y cinco detenidos por diversos delitos, de acuerdo con Justino Herrera, líder de la comunidad triqui en la región.
Los policías usaron balas de goma para detener originalmente a una persona, por lo que los integrantes de la comunidad salieron a su defensa. Ahí empezó la lucha, ya que unos lanzaron piedras y usaron palos para repeler el ataque policiaco.
Hay rabia en el tono de los relatos: desde que llegaron, los agentesempezaron a tirar balazos contra la gente, estaba desnudo en la casa y lo golpearon, fue la patrulla 885, se llevaron a unos que nada tenían que ver, eran otros los que tiraron piedras y yo estaba ahí, vi cuando lo tiraron al suelo y les quitaron celulares a quienes grabaron la agresión, pero lo más grave es el testimonio de un hombre al que los policías le espetaron: ahora sí se fregaron y los vamos a matar.
La represión se produjo en el contexto del paro que los jornaleros agrícolas mantienen en el valle de San Quintín por mejoras laborales.
La mañana del sábado, un grupo de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social acudió a Rancho Seco, uno de los campos productores de tomate, para pedir a sus compañeros que no ingresaran a trabajar y esperar hasta la visita del subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda, para dar respuestas a sus demandas.
El dueño del rancho llamó a la policía bajo el supuesto que querían incendiar las instalaciones, por lo que una veintena de patrullas pretendieron detener a los aliancistas.
La fuerza pública arremetió contra la comunidad triqui en San Quintín, irrumpió en casas y detuvo a jornaleros, incluidos menores de edad. Los policías detuvieron a 17 personas, la mayoría lesionadas por la fuerza pública, y los trasladaron a la agencia del Ministerio Público.
Una fuente de la Procuraduría General de Justicia del Estado informó a La Jornada que la mayoría fue liberada al determinar que sólo fueron señalados por faltas administrativas al violar el bando de policía.
En cambio, cinco quedaron detenidos acusados de incendiar patrullas y unas parcelas y de propiciar los disturbios.
Se rumoró que hubo tres muertes, incluso una residente dijo contar con sus identidades, pero el gobierno de Francisco Vega aseguró en un comunicado que las corporaciones policiacas confirmaron que no se cuenta con registro de decesos de persona alguna.
