Es rentable para PVEM violar la ley: expertos
La campaña publicitaria en cines, espectaculares, transporte colectivo y otros medios por la que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido multado con 78.5 millones de pesos es efectiva al dejarle una mayor ganancia política y mejor posición en espacios mediáticos, coincidieron especialistas en publicidad, comunicación política y analistas políticos. El especialista en estudios electorales y de opinión pública, Jorge Buendía, subrayó que la campaña del Verde, a pesar de las multas, tiene un cierto grado de efectividad porque es consistente con todas sus propuestas desde hace varios años, lo que hace que tenga un mensaje muy disciplinado. “Si analizamos las campañas de los diferentes partidos políticos, creo que las campañas del Verde son las únicas que muestran elementos de continuidad desde hace muchos años y eso también se refleja en el grado de aceptación que tiene”, aclaró. La campaña del Verde, dijo el encuestólogo, se ha fijado de tiempo atrás (al menos desde hace un año) y como muestra diversas encuestas le dan 10 puntos porcentuales cuando en las dos últimas elecciones no había rebasado el 7% de la intención de voto. El presidente de la casa encuestadora Consulta Mitofsky, Roy Campos, reconoció que el PVEM ha hecho una campaña “muy buena” y aunque el INE le impuso multas, le genera atención y reflectores.
Anida crimen en Huitzilac
El Municipio de Huitzilac es un foco rojo en violencia e inseguridad, admiten las autoridades morelenses y denuncian vecinos del lugar. Para el comisionado de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, en el lugar hay organizaciones dedicadas al secuestro, la tala ilegal y el asalto de transporte público y de carga. En su opinión, los criminales aprovechan la situación fronteriza con el Estado de México y el Distrito Federal para delinquir y huir. En la zona, dijo Capella, la delincuencia cambia rápidamente de actividad criminal. «Desafortunadamente, la delincuencia es mutante: le aprietas en un rubro como el tema de secuestro y luego te reaccionan con otro tipo de actividades, o empiezas a bloquear el tema de los talamontes y luego te empieza a crecer el tema de robo al transporte público», expresó el funcionario. Huitzilac es un Municipio morelense que colinda con el Distrito Federal y con el Estado de México. Con el primero hace frontera con la Delegación Tlalpan, y con el segundo, con los Municipios de Tianguistenco y Ocuilan. El Municipio es la ruta de entrada a Morelos desde el DF y en él se encuentra el famoso paso Tres Marías.
14 estados no aportan fondos para comicios
A menos de 19 días para que los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) cuente con los gastos que les corresponden para la instalación de las casillas para las elecciones federales y locales, 14 de las 17 entidades con comicios no cuentan con los recursos suficientes, lo que ha puesto en alerta al Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con una investigación de MILENIO, al comparar los recursos solicitados por los estados y lo aprobado por los congresos locales, se detectó en promedio un déficit de 70 por ciento, donde los institutos electorales más afectadas son los de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero y Morelos. Ante ese escenario, el presidente de la Comisión de Vinculación de INE con los Oples, Marco Antonio Baños, señaló que, en caso de que las ampliaciones presupuestales no se concreten antes de que termine el mes, el instituto tendrá que evaluar qué acciones de apoyo puede implementar. Sin embargo, confió en las negociaciones que se han venido realizando de manera conjunta con las autoridades electorales locales para que se subsane la falta de recursos y se cumplan los convenios firmados desde el pasado 18 de diciembre. «Se está dando una circunstancia especial e inédita, y creo que todos tenemos que hacernos cargo de la parte que nos corresponde», expresó.
El Z-42 obtiene un amparo que cubre presunta inocencia
Omar Treviño Morales, El Z-42, identificado como líder del cártel de Los Zetas, se apuntó una victoria jurídica que podría derivar en su liberación por considerarse que el gobierno mexicano violó su derecho a la presunción de inocencia. Mediante un juicio de amparo, el presunto narcotraficante logró que un juez de distrito ordenara a todas las autoridades federales que retiraran de sus páginas web y de cualquier otro medio oficial toda la información, imágenes y videos en los que se aluda a Omar Treviño. Asimismo, el inculpado logró que ni su nombre ni su alias sean utilizados por las autoridades. Por este motivo, desde la Secretaría de Gobernación (SG) se ordenó a todas las dependencias que eliminaran el acceso a esta información de sus páginas web que se relacionen con su captura y traslados. La Jornada posee copia de un documento enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se da cuenta de esta decisión judicial.
Record bimestral: 193,475 nuevos afilidos al IMSS
Durante el segundo mes del año, se crearon 133 mil 691 empleos, cifra que representa un incremento del ocho por ciento respecto al promedio de plazas generadas en los últimos cinco años y un aumento del seis por ciento en comparación a lo registrado en febrero de 2014, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el bimestre, se crearon 193 mil 475 empleos, es decir, 45 mil 937 más que la variación reportada en el mismo periodo del año anterior. En su reporte mensual de puestos de trabajo, el organismo detalló que cada febrero de los cinco años anteriores, se generaron en promedio 123 mil 383 nuevos empleos, lo que significa que en 2015 se superó esta cifra en 10 mil 308 plazas. Asimismo, indicó que respecto a lo generado en el mismo mes del año pasado, se rebasó la cantidad de empleos creados en ocho mil 132 puestos de trabajo. Del primero de enero hasta el 28 de febrero de 2015, la cifra de afiliados al IMSS fue de 17 mil 433 062 empleos, de los cuales el 85.4 por ciento corresponde a plazas permanentes y el restante 14.6 por ciento a eventuales.Respecto a las entidades federativas que obtuvieron los primeros lugares al tener un incremento anual superior al seis por ciento en la generación de empleo destacaron: Guanajuato que alcanzó el 8.2%, seguido por Baja California con el 8.0% y Quintana Roo con 6.3%. Mientras que la única entidad que obtuvo un resultado negativo en el indicador fue Campeche con una caída de 0.4 por ciento.
Crece en Guerrero apoyo a comicios; 76% sí los quiere
El 76 por ciento de la población guerrerense está de acuerdo con que las elecciones se realicen el 7 de junio, que es la fecha en la que está programada, mientras que sólo dos de cada ocho personas preferiría que no se realicen, tal como lo pide la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
De acuerdo con un encuesta sobre el panorama electoral en esta entidad realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el pasado 3 de marzo, aunque la mayoría de la población está de acuerdo con la realización de los comicios, el 71 por ciento piensa que puede haber un incidente, ante sólo un 22 por ciento que prevé una jornada “normal”.
En los últimos dos meses, los consultados incrementaron su grado de aceptación para realizar los comicios de acuerdo con el calendario oficial. El pasado 6 de febrero, cuando se levantó el primer muestreo, 70 por ciento estaban de acuerdo con que las elecciones “se realicen en la fecha ya prevista”.
Para el 24 de febrero bajó sólo un punto porcentual, para quedar en 69 por ciento, y finalmente subió a 76 por ciento el 3 de marzo, en tanto que la cifra de inconformes con que se realice en esta fecha la elección se mantuvo en una tendencia descendente.
El 6 de febrero, 24 por ciento de los entrevistados pedía que “no se realicen en esa fecha” los comicios. Para el 24 de febrero bajó a sólo el 22 por ciento, mientras que el 3 de marzo se colocó en sólo 20 por ciento.
En el ejercicio demoscópico se pregunta a los encuestados si cree que las elecciones se llevarán a cabo de manera normal o puede haber algún incidente.
El 24 de febrero 69 por ciento de la población consideraba que podría haber algún incidente, mientras que el 3 de marzo aumentó esta cifra a 71 por ciento. En contraparte, el 24 de febrero 22 por ciento pensaba que se realizarán los comicios de manera normal, manteniéndose esta tendencia para el 3 de marzo.
A pesar de que la mayoría de la población guerrerense pide la realización del proceso electoral, los últimos cuatro meses, maestros de la CETEG han pedido la suspensión de las elecciones, esto durante las protestas para pedir justicia por el caso Iguala que han realizado en la entidad, y en las que han dañado inmuebles de gobierno, saqueado camiones repartidores y tomado casetas.
En diciembre tomaron oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chilpancingo, capital del estado, además de las de Ayutla y Tlapa, y buscan impedir que 2.5 millones de electores emitan su sufragio.
La población también se ha manifestado en desacuerdo con la petición del magisterio. El pasado 15 de enero, un grupo de docentes buscó tomar las instalaciones del INE en la región costera de Acapulco, sin embargo un grupo de ciudadanos que hacían fila para tramitar su credencial de elector enfrentó a los profesores y los desalojó del lugar.
Por su parte, el vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Otaki Toledo, sostuvo que ya hay un acuerdo interno para que los maestros impidan que se instalen cerca de 13 mil casillas en escuelas de educación básica que controla el gremio, aunque aún no es una decisión definitiva.
Endurecen ley por robo de gasolinas; Senado envía minuta a diputados
Penas de 35 años de cárcel por tomas clandestinas y de 18 años por venta de litros incompletos
El robo de gasolinas se castigará hasta con 35 años de cárcel, se acusará de cómplices a los dueños de los terrenos donde seubiquen las tomas clandestinas y también a quienes compren ese producto robado, de acuerdo con la nueva ley que ayer aprobó el Senado.
La minuta, que fue enviada a la Cámara de Diputados, establece penas de hasta 18 años de prisión a quienes despachen litros incompletos de combustibles.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el robo de hidrocarburos será considerado crimen organizado.
También castiga con cárcel de hasta 40 años y multa de 50 mil a 65 mil días de salario mínimo a quien, por cualquier medio, realice actos de sabotaje.
Sin embargo, aclara que “en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a manifestarse y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”.
Cárcel a quien venda gasolina incompleta
El Senado avala una ley que castiga con 35 años de prisión el robo de hidrocarburos, que incluye al que los compre.
Con la crítica de una parte de la izquierda, el Senado aprobó una nueva ley para castigar con 35 años de cárcel el robo de gasolinas, acusar de cómplice a los dueños de los terrenos donde se localicen tomas clandestinas, a quienes compren el producto robado y para evitar intentos de sabotaje contra instalaciones energéticas, ahora que serán creadas y administradas por el sector.
Además, castiga con 18 años de cárcel a quienes no sirvan litros de a litro del combustible; especifica que se impondrá prisión de 10 a 18 años a quien “permita, colabore para la alteración o altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas o permisionarios, para obtener un beneficio propio o para un tercero”.
La nueva Ley, que fue enviada a la Cámara de Diputados, precisa que se sancionará a quien “enajene o suministre gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición empleados para su enajenación o suministro.
“Enajene o suministre gas licuado de petróleo mediante estación de Gas LP, para carburación, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición empleados para su enajenación o suministro”, ordena.
Castiga con prisión de 30 a 40 años y multa de 50 mil a 65 mil días de salario mínimo a quien por cualquier medio realice actos de sabotaje, pero aclara que “en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a manifestarse y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”.
El dictamen aprobado precisa que el delito de robo de hidrocarburos será considerado como parte del crimen organizado y se castigará con un mínimo de 25 años de cárcel y un máximo de 35 años.
Incluye además que se sancionará de cinco a 10 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo a quien “sin derecho, obstruya o impida en forma total o parcial, el acceso o el funcionamiento de cualesquiera de los equipos, instalaciones o inmuebles afectados de asignatarios, contratistas o permisionarios y otras pertenecientes al ramo de la industria de los hidrocarburos”.
También a quien “sustraiga, dañe o aproveche las estructuras, objetos ferrosos, equipos y medios de transporte propiedad de asignatarios, contratistas o permisionarios destinados a realizar actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos”.
De igual forma, a quien “alerte o realice cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información con el propósito de utilizar para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, operación y actividades relacionados con el transporte en cualquier modalidad, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos”.
Restitución de reservas petroleras va en picada
La tasa de restitución de reservas se desplomó 36.9 puntos porcentuales del cierre de 2013 a este año, con lo que ahora, de cada 100 barriles extraídos del subsuelo mexicano, sólo se reponen 67.
CIUDAD DE MÉXICO.- De cada 100 barriles extraídos del subsuelo mexicano ya sólo 67 son repuestos por Pemex. La tasa de restitución de reservas se desplomó 36.9 puntos porcentuales al pasar de una tasa de 104.3 por ciento en enero de 2013 a una de 67.4 por ciento al mismo mes de 2015.
La cifra por debajo del objetivo de sustituir el 100 por ciento de las reservas, dijo este jueves Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Esa meta de la total restitución de reservas fue alcanzada al final de la administración de Felipe Calderón, durante 2012.
Como consecuencia de la baja en restitución, las reservas probadas de petróleo cayeron 3.1 por ciento en 12 meses y se ubican hoy apenas por arriba de los 13 mil millones de barriles con respecto al año anterior, indicó en entrevista Zepeda.
OCHO COLUMNAS EN HIDALGO
Desfalco en Progreso, exponen asambleístas:
Denunciaron regidores de las fracciones partidistas de Movimiento Ciudadano, Morena, PT y Nueva Alianza, de la asamblea municipal de Progreso de Obregón, que el alcalde petista Alfredo Zúñiga desvió recursos económicos por más de 12 millones de pesos. En conferencia de prensa, a la que acudieron representantes populares como Micaela Gálvez Juárez, María Eugenia Estrada, Aletia López, Mario Cadena, Isael Chávez Aguilar y Armando Mera, el regidor Armando Mera, de Morena, rechazó los señalamientos del titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Rodolfo Picazo Molina, al no aprobar la ley de ingresos. Explicó que tienen copia certifica por parte de esta dependencia con fecha 20 de febrero de 2012, donde les aprobaron la ley de ingresos y la nueva ley catastral del ayuntamiento. Acusó al titular de la ASEH de proteger al alcalde, ya que el presupuesto entregado al organismo no está firmado por la mayoría de la asamblea municipal. Mera sostuvo que el auditor se negó a recibir oficios y documentos enviados por integrantes de la asamblea desde hace dos años. “Señalamos como responsable a Rodolfo Picazo de la parálisis y retraso que vive Progreso, por no atender peticiones de los regidores, al negarse a tener acuerdos”.
Dan a indígenas cereteza política:
Por unanimidad de votos, los miembros de la sexagésima segunda legislatura local aprobaron la minuta de proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo segundo de la Constitución Política del país, en materia de protección de los derechos político-electorales de los habitantes de los pueblos indígenas, donde se establece que los usos y costumbres ya no estarán por encima de la ley. De acuerdo con lo dicho en tribuna, con esta reforma se fortalecen los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres. A favor del dictamen se pronunciaron la legisladora priista Dora Luz Castelán Neri, así como el representante del Partido de la Revolución Democrática, Luciano Cornejo Barrera, quienes coincidieron en referir que por años en los pueblos indígenas los hombres han sometido a las mujeres, coartándoles derechos y oportunidades de trabajar a favor de las comunidades.
Contrató SSH a 18 «médicos» sin cédula: ASF:
La Secretaría de Salud (SSH) y los Servicios de Salud de Hidalgo pagaron 657 mil pesos a 18 trabajadores de la rama médica y paramédica que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, al no disponer de la Cédula Profesional o el registro ante la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), revela el Informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2013.Especifica que el poder Ejecutivo proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) la documentación que justifica el destino de 94 mil pesos; sin embargo, no ha aclarado el uso de 562 mil 971 pesos que la ASF considera como probable daño a la Hacienda Pública Federal. Además, identificó el pago de 184 mil 943.90 pesos por parte de la SSH a una persona con plaza de médico y a dos personas con plaza de trabajadora social que desempeñaron funciones administrativas. Entre las irregularidades que encontró el órgano fiscalizador en el ejercicio 2013, cuando la dependencia estatal estuvo a cargo de Pedro Luis Noble Monterrubio, está que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) destinó recursos a acciones de promoción y prevención de la salud por 242 millones 73 mil pesos; no obstante, de este presupuesto la auditoría reclama que 4 millones 414 mil 738.87 pesos, que presume como daño al erario, no fueron destinados a estos rubros, aunado a que la SSH no ha podido justificar en qué fueron empleados. El Padrón de Beneficiarios del REPSS, además, no cumple con los elementos mínimos establecidos en la normativa, ya que no contiene la fecha de nacimiento, sexo, domicilio, posición en el hogar, vigencia de derechos, nivel de cuota familiar y establecimiento para la atención médica de adscripción, según la ASF.
