El déficit de justicia, impugna la vigencia del modelo imperante y empuja a la sociedad civil y a la sociedad política a replantear las reglas del juego jurídico para crear un Modelo de Procuración de Justicia.
El pasado 25 de octubre se presentó y entregó el Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, trabajo en el que participaron instituciones públicas, académicas y de la sociedad civil, y concretamente en nuestra entidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo.
En el ejercicio de consulta, al igual que en el caso de Justicia Cotidiana, Hidalgo ha vuelto a destacar, ahora con el segundo lugar nacional en e-participación, al haber aportado 18 de 135 propuestas, sólo por debajo de la Ciudad de México, que aportó 43.
Las complejidades de la procuración de justicia en nuestro país, por la transición entre un viejo y un Nuevo Sistema de Justicia Penal, tiene objetivos que debe cumplir respecto a las expectativas de seguridad, paz y vigencia del Estado de Derecho que tanto reclama nuestra sociedad.
La procuración de justicia, según el Informe Ejecutivo de la Consulta (cuya versión en línea puede verse en https://goo.gl/HzvxxN), padece tres problemas centrales.
En primer lugar, la falta de una visión sistémica que opere horizontal y verticalmente. En lo horizontal, priva la desconexión, fragmentación y dispersión entre los procesos y funciones de las leyes penales, así como la falta de coordinación de las instituciones de seguridad pública y de justicia penal. Mientras que en lo vertical, no existe claridad en los ámbitos de competencia en el que cada orden de gobierno tiene que actuar.
En este sentido, la demagogia legislativa, al carecer de una visión holística, opta por aprobar leyes especiales y crear nuevas instancias que al nacer desvinculadas de las demás, añaden complejidad y restan eficacia a las policías, ministerios públicos y jueces.
En segundo término, se encuentran problemas estructurales de las procuradurías, que van desde el diseño institucional, la autonomía de sus dependencias, la disponibilidad presupuestaria y la integración de sus cuadros profesionales; a los que se suman la persistente carencia de mecanismos de gestión, que coadyuven al pleno funcionamiento del NSJP y las prácticas anquilosadas como el formalismo en las investigaciones (ya desformalizadas) y violaciones de derechos humanos de víctimas, imputados e inclusive terceros.
Esta circunstancia, incide directamente en la capacidad de investigar, resolver las investigaciones y hallar a los responsables de los delitos. Factores que ha llevado a nuestro país a tener los mayores grados de impunidad global.
Como el tercer gran problema, se encuentran las deficiencias en la generación y uso de información, que es dispersa, fragmentada e inconexa, no analizada, sub-aprovechada y no compartida con instituciones policiales o de seguridad pública y ni siquiera al interior de las propias instituciones de procuración de justicia. Esto, en el ámbito del registro de los delitos y del personal de las instituciones de procuración de justicia, hace que la construcción y confiabilidad estadística sea algo muy complicado de constatar y es una realidad que contrasta con la necesidad de que existan áreas de inteligencia y análisis.
Ante esta problemática, el documento recomienda la adopción de cuatro mega-procesos, con los cuales se garantizaría una procuración de justicia eficiente y de calidad.
En primer término, quizá el más importante, la necesidad de establecer una política criminal, que termine con las ambigüedades de un sistema que tiene que perseguir con la misma prioridad todos los delitos que se encuentran en las leyes penales. Al respecto, son necesarios planteamientos y acciones específicas, una provisión suficiente de recursos, y una conducción de esfuerzos institucionales orientados a objetivos de prevención y combate al delito bien determinados, para asegurar mayor efectividad en la investigación y persecución.
Se trata de construir una política de Estado de combate a la inseguridad, estable, integral y con supervisión ciudadana, que entre otras actividades, determinaría una depuración de conductas que no tendrían necesariamente que seguir siendo consideradas delitos y pasen a ser infracciones administrativas; y la creación de un Código Penal Nacional, que acompañe al Código Nacional de Procedimientos Penales, con controles para evitar su reforma indiscriminada.
El segundo macro-proceso, caracterizado por la investigación-persecución de los delitos, con transparencia, eficiencia y eficacia, con capacidades sólidas de investigación que garanticen el esclarecimiento de los hechos e identifiquen y sancionen a los responsables, lo que terminaría con el alarmante 95% de impunidad. Asimismo, recomienda para revertir la desconfianza ciudadana y excesiva burocratización, que el Ministerio Público delegue terminantemente las funciones de investigar a sus auxiliares, la policía y los servicios periciales y establezca un constante flujo de información entre estos actores.
La gobernanza y conducción institucional es el tercer macro-proceso. Debe entenderse como el “conjunto de procesos, estructuras, disposiciones formales y valores que dirigen y controlan las actividades institucionales, […] elementos claves que contribuyen a que las instituciones alcancen sus objetivos, de acuerdo con sus características propias y el mandato al que están sujetas”; Se trata de que los procesos legales sean rigurosos, transparentes y confiables para la designación y autonomía de la Fiscalía, que permitan tener control interno, administración de riesgos, y contrapesos internos-externos, como los Consejos Ciudadanos y Asuntos Internos.
El último de los macro-procesos identificados, es el que tiene que ver con la institucionalización y gestión de conflictos, es decir, la capacidad para conducir asertivamente y de acuerdo a la ley los problemas y la atención a víctimas, imputados y testigos con respeto a sus Derechos Humanos; orientar acerca de los mecanismos alternativos de solución de conflictos; y brindar la protección esperada por el Ministerio Público, estas acciones permitirán recuperar la confianza pública.
Con la propuesta de un Modelo de Procuración de Justicia, los fines a perseguir, ahora y para siempre, son combatir la impunidad, eficientar los procesos y reivindicar el Estado Democrático de Derecho.
Agenda
- Se instauró la primera asociación público-privada entre el gobierno federal, la sociedad civil y sector privado y lanzaron la plataforma digital Contrataciones Abiertas MX(https://goo.gl/M7hUzp), que dará seguimiento a la ruta del dinero en compras del sector público en todas las etapas de un ciclo: planeación, concurso, adjudicación, contratación e implementación de adquisiciones, arrendamientos y servicios del gobierno federal, lo que facilitará detectar actos de corrupción.
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