Alianza Ciudadana para una Cultura Ética y de Integridad Social | Esteban Ángeles Cerón

El Estado como organización social, vive en la corrupción e impunidad jurídica, política y administrativa una pandemia que amenaza convertirse en el punto de quiebre del orden sistémico.

La percepción social indica que los ciudadanos consideran que estas anomias provienen de las estructuras políticas, sin embargo, los sectores privado y social las retroalimentan, por lo que no pueden ser exonerados de la descomposición orgánica que vivimos.

Para su combate, ciudadanía y gobierno estamos comprometidos a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas y a consolidar alianzas que permita sumar esfuerzos para construir una cultura de probidad y moralización institucional y social.

En este contexto, Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la Revista Expansión, presentaron la métrica de las políticas de integridad y anticorrupción de 500 empresas: “500 Frente a la Corrupción: Integridad Corporativa (IC500)” y la “Plataforma Digital IC500” para dar seguimiento a los compromisos de fortalecer la ética de estas empresas y sumar al sector privado. (www.integridadcorporativa500.mx).

La iniciativa sustenta que “Compartir y replicar buenas prácticas anticorrupción refrenda el compromiso del sector privado en la lucha contra la corrupción y la impunidad y mejora la rendición de cuentas hacia socios, accionistas y clientes”.

Estas acciones confirman que esta calamidad no inicia ni termina en el gobierno, sino que es el síndrome de una descomposición sistémica multidimensional que nos corresponsabiliza a todos en el compromiso de asegurar que la probidad distinga nuestra cultura social.

Estamos instalados en una era de corrosión humana, que nos ha empujado a crear panópticos de vigilancia y escenarios de máxima visibilidad social. Cámaras de video, computadoras, sistemas virtuales, usuarios simulados, ojos electrónicos que se ciernen, lo mismo como garantes de la seguridad, que como monstruos que vigilan la vida del ciudadano común para controlarlo; fuerzas ocultas que provienen del gobierno o de intereses privados, nacionales o internacionales, vigilando y espiando la privacidad y obstruyendo el natural desarrollo humano y la libertad, lo que significa pagar precios sociales inconmensurables.

Giovanni Sartori advirtió que vivíamos en una sociedad teledirigida (homo videns), pero nunca imaginó que detrás de ello estaba la sociedad de la desconfianza, donde las personas convertidas en mercenarios o mercaderes, trafican o venden las vidas de los ciudadanos, lo mismo a los intereses de las oligarquías, de las sociedades industriales o del gobierno.

Así, a menos de dos siglos de instaurado el Estado moderno, el ciudadano quedó a merced de los apetitos del mercado y los mercaderes de la política. Los políticos, confrontaron las reglas que el Contrato Social había prescrito; ignoraron el espíritu de horizontalidad ciudadana; y quebrantaron la legalidad, convirtiéndola en la madre que parió la corrupción y la impunidad.

En este menoscabo de la probidad, afloró el enriquecimiento ilícito como instrumento para comprar lealtades y el  aparato público se convirtió en el carnicero de barrio, condición por la cual el ciudadano sabe que tarde o temprano estará frente al atropello, el castigo, la coacción, el abuso público o el amedrentamiento social.

Debemos advertir que el contubernio entre agentes privados y públicos crea negocios que afectan al erario con una ferocidad inusitada. De acuerdo a Transparencia Internacional, las prácticas de corrupción de empresas del sector privado se han incrementado en los últimos años con el alarmante tráfico y  crecimiento de redes de sobornos y extorsión hacia funcionarios de la esfera pública.

La sociedad ha encontrado que los efectos de la descomposición institucional tienen costos sociales, que van más allá de las cargas y abusos económicos que sobrellevan los ciudadanos. En los hechos, la inseguridad, el asesinato, el feminicidio, el narcotráfico, la pobreza y la desigualdad, son producto de estas anomias públicas, pero también de la indolencia y la inconciencia, y en ocasiones, del cinismo del sector privado y social.

Frente a esta realidad, diversos gobiernos han pedido a la iniciativa privada que active y transparenten códigos de ética y probidad. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA); la Ley Contra el Soborno del Reino Unido (UK Bribery Act.); así como la Ley Sapin II en Francia, son ejemplos de esta lucha proactiva por la probidad pública internacional.

El trazo es claro, las empresas requieren hacer públicos sus códigos de ética, políticas de probidad y normativas internas que combatan prácticas deshonestas y vigilen la conducta de sus empleados; e implementar sistemas de denuncia interna y diligencia debida, para asuntos que estén directamente relacionados con empresas públicas, o bien, con instituciones de gobierno.

En este escenario es imperativo integrar en su totalidad el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para lograr una eficaz coordinación de las acciones de transparencia, fiscalización, control, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción. Además se requiere que desde la inteligencia institucional, privada y social, nos sumemos a combatir esta calamidad conformando un frente que garantice un efecto monolítico; de lo contrario, el camino seguirá siendo tortuoso y su función será fallida.

La corrupción e impunidad han hecho que el ciudadano se encuentre en un callejón sin salida. La crisis política no es sólo pública, sino también privada y social porque la atomización ciudadana frente a la precaria conducción de partidos políticos e instituciones del Estado, nos ha llevado a ser una sociedad indolente, individualizada y ciega, que no entiende ni asume el proyecto Nacional.

Estamos en una era de corrosión moral, donde el egoísmo ciego ha suprimido y sustituido la socialización ética del bien público por la regresión tribal, que agrede y aniquila toda esperanza de construir un futuro mejor. Es tiempo de abrir los ojos a la conciencia.

Agenda

• El gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, acompañó al Presidente de la República Enrique Peña Nieto a la Refinería Miguel Hidalgo, al montaje de la torre fraccionadora de la planta coquizadora. El proyecto suma inversiones por 4,600 millones de dólares y generará 18 mil empleos directos e indirectos. Asimismo, dio a conocer el descubrimiento del más importante yacimiento de gas y petróleo crudo ligero en Cosamaloapan, Veracruz, con un volumen de 1500 millones de barriles de crudo y capacidad de 350 millones de barriles de reserva 3P (probadas, probables y posibles).
• En la “Expo de los Pueblos Indígenas, Hidalgo”, Nuvia Mayorga, Titular de la CDI, destacó que con la marca “Manos Indígenas, Calidad Mexicana” se comercializan artesanías en las principales zonas de la CDMX y se exportan a Canadá y próximamente a Europa, asimismo promueven servicios turísticos con la marca “Paraísos Indígenas”.

 

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