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lunes, 26 de junio de 2017

Cuestionan encierro de migrantes

México, 20 de abril de 2017.- A diferencia de otros países de América Latina, en México la detención de migrantes en situación irregular es obligatoria, lo que contraviene tanto la Constitución como la Convención Americana de Derechos Humanos, indica un reporte de la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés).

La organización presenta este jueves su informe “¿Qué esperamos del futuro? Detención migratoria y alternativas a la detención en las Américas”.

“Vemos a lo largo de la región que la política migratoria opera desde una presunción de detención, es decir que, por una situación irregular, sea estancia o ingreso, la primera respuesta es la privación de la libertad, una violación clara a los estándares internacionales. Se debe empezar desde una presunción de libertad, garantizar el derecho a la libertad personal”, señaló en entrevista Vanessa Martínez, autora del informe.

De los países analizados, también utilizan la detención obligatoria Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bahamas, Nicaragua, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago.

En contraste, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Costa Rica cuentan con políticas que garantizan y protegen en mayor medida el derecho a la libertad de las personas en movimiento y la observancia al principio de excepcionalidad de la detención.

El informe señala que aunque México contempla en su legislación plazos máximos de detención de migrantes en estaciones migratorias, estos pueden ser prolongados e incluso indefinidos en algunos casos.

Además, indica, no se reconoce que se detiene a un migrante, sino que se le “presenta, aloja, rescata o protege”.

Según el reporte, matizar y distorsionar la naturaleza del acto de la detención mediante eufemismos o la desviación del derecho violentado provoca una merma en las garantías procesales que deben respetarse en la afectación al derecho de la libertad personal, pues obstaculizan la efectividad de los medios de defensa y la protección judicial.

Silvia Garduño | Reforma