Intervención de la senadora por el PRI, Claudia Ruiz Massieu, para hablar en contra del dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018.
Gracias, presidente.
Compañeras y compañeros senadores.
En el Grupo Parlamentario del PRI hemos analizado el dictamen que se propone a este Pleno.
Sabemos que no es un tema menor y creemos que es un asunto que requiere del más alto nivel del trabajo parlamentario, no podemos tomarlo a la ligera.
Construir las instituciones que queremos para tener un Estado democrático de derecho, darle al Estado mexicano el andamiaje constitucional, legal, el diseño institucional para garantizar un verdadero acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos, la división de Poderes y la independencia y autonomía de las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia, nos ha tomado décadas.
Hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que mejorar, para que este sistema se consolide y tenga los efectos que queremos.
Todos queremos una fiscalía autónoma, con capacidades suficientes para cumplir sus fines, que sea operativa, que esté integrada por servidores públicos profesionales y honestos, que estén sujetos a un régimen de rendición de cuentas, que se respeten los derechos de las víctimas y los derechos humanos de todos quienes intervienen en el proceso.
Que la calidad de las investigaciones no esté en duda, que no haya discrecionalidad, que se respete la ley y los principios constitucionales.
El problema es que esa fiscalía que queremos, no es la fiscalía que crea el dictamen que se está proponiendo al Pleno.
En el PRI resumimos la visión del dictamen en una frase: la fiscalía que crea este dictamen tiene deficiencias serias en su autonomía, afecta a la ciudadanía, no supera los vicios e ineficiencias de la Procuraduría General de la República, y crea espacios de discrecionalidad preocupantes. No es la fiscalía que necesitamos.
Las tareas, responsabilidades y funciones de la nueva fiscalía, requieren un marco normativo que ayude a sus titulares a resistir presiones, a marcar una clara prevalencia del orden jurídico sobre los intereses políticos y económicos.
Una verdadera autonomía ayudaría a que se recupere la credibilidad en las instituciones de procuración de justicia.
Pero el dictamen a discusión no promueve una verdadera autonomía, de hecho la limita seriamente.
Por ejemplo, no le da seguridad presupuestal ni estabilidad en el cargo a sus titulares, no hay ningún referente del presupuesto requerido para materializar a esta fiscalía, de tal manera que un futuro titular tendría que acudir al Poder Ejecutivo para pedirle un presupuesto adecuado, además, violentando otras disposiciones de responsabilidad presupuestal.
Ya se ha hablado aquí del tema de la remoción y cómo esa posibilidad de ser removido por causas laxas, sin precisar, por el titular del Ejecutivo, vulnera el principio de autonomía.
En el esquema que se propone, no busca la verdadera autonomía de la fiscalía, que en un momento memorable en la discusión en la sesión de la Comisión de Justicia, un compañero del grupo parlamentario de MORENA dijo, no importa que haya deficiencias en el dictamen, lo que urge es que el próximo presidente tenga su fiscal, su fiscal.
Si quisieran una verdadera autonomía no tendrían una visión patrimonialista del fiscal respecto del futuro presidente.
La fiscalía que proponen afecta también a la ciudadanía, porque le dificulta el acceso a la justicia.
El dictamen que se nos presenta, mantiene un modelo de procuración de justicia que está agotado, que está rebasado.
Está rebasado porque uno de los principales defectos del esquema de la actual procuraduría, es que las investigaciones se fragmentan en cadenas complejas de responsabilidades y de atribuciones que favorecen la impunidad y con ello la inseguridad.
El modelo que se buscaba, era un modelo flexible, en donde los casos sean analizados por equipos multidisciplinarios, que puedan resolver los casos de manera integral, a partir de conjuntar en distintas personas, habilidades y capacidades técnicas diferentes.
Unidades de investigación dirigidas por un fiscal, en el que participen policías de investigación, peritos, técnicos, analistas.
Este modelo se vulnera al crear fiscalías especializadas que van a repetir el mismo patrón de errores y de ineficiencia.
Equipos diferentes, sin competencias definidas, que investigan partes distintas de un mismo proceso. Eso no va a ayudar a que se haga justicia y a que se elimine la impunidad.
En otras palabras, no están proponiendo una nueva institución, están proponiendo una institución con otro nombre que replica las viejas deficiencias que justamente son las que queremos superar.
Se ha hablado también del vicefiscal, un vicefiscal que tiene tantas atribuciones que incluso superan a las del fiscal.
Un nombramiento en el que no participa el Poder Legislativo a través del Senado, y para el cual, para ocuparlo, no se establece ningún requisito de elegibilidad.
En suma, esta no es la visión que se quería, este no es el diseño institucional que se requiere.
Con este diseño no hay autonomía, se vulneran derechos, se resta certeza jurídica, ya para no hablar de la muy deficiente técnica legislativa que tiene el dictamen.
Son tantas las deficiencias e inconsistencias, que incluso en distintos artículos aislados se hace referencia al instituto de servicios periciales y ciencias forenses de la fiscalía, sin que dicho órgano sea creado en el ordenamiento que se busca aprobar, no se crea, pero se refiere y se le dan facultades.
Señoras y señores senadores, la Fiscalía General de la República que necesitamos exige una ley secundaria con visión de Estado que sea integral, con rigor técnico, y con precisión conceptual y terminológica, un ordenamiento de calidad.
En el PRI nos posicionamos en favor de un trabajo legislativo serio, de un debate parlamentario de altura, que se base en argumentos y en un análisis sustantivo, con ánimo de construir consensos y productos legislativos que estén a la altura de lo que México requiere. Pero este no es el caso.
Por ello, vamos a votar en contra de este dictamen, hubo precipitación en el proceso legislativo y en los procedimientos, no se privilegió un trabajo responsable y profundo que atendiera las inquietudes y preocupaciones de la sociedad civil y de los legisladores que representan a mi grupo parlamentario y a todos los grupos parlamentarios que integran este Senado.
Les recuerdo que son prácticamente todas las instancias y colectivos de la sociedad civil quienes se han pronunciado en contra de este dictamen, y han señalado sus deficiencias, incluso quienes estuvieron presentes el lunes pasado en la sesión de la Comisión de Justicia dijeron con toda claridad que este dictamen era deficiente y no recogía sus preocupaciones. Los habrán escuchado, pero no les hicieron caso.
No se privilegió ese trabajo responsable, no se privilegio un debate profundo, se precipitó, se busca hacer una ley a modo, al vapor, con incongruencias y con inconsistencias.
Esta no es la fiscalía que queremos, esta no es la fiscalía que necesitamos, este no es un dictamen que el Grupo Parlamentario del PRI pueda respaldar con sus votos. Hacerlo sería irresponsable.
Muchas gracias.
Texto y Foto: Senado de la República