Falta presupuestal solo permite auditar 10 de 84 municipios, reconoce titular de la Secretaría de la Contraloría César Román Mora Velázquez
Pachuca, Hgo., a 14 de noviembre de 2018.
- “Se la pasan echándose la bolita y nadie asume su responsabilidad”, recrimina Víctor Guerrero Trejo, diputado de Morena.
La falta presupuestaria con la que cuenta la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo solo permite auditar a 10 de los 84 municipios del estado, e impide el nombramiento de 28 de los contralores internos dentro de los organismos descentralizados, reconoció César Román Mora Velázquez, secretario de Contraloría durante su comparecencia ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura del Congreso local que preside la diputada morenista Susana Araceli Ángeles Quezada.
En respuesta a la pregunta de la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), Viridiana Jajaira Aceves Calva, el funcionario comentó que hay falta de personal para realizar las revisiones y auditorías necesarias en la totalidad de los municipios.
El representante de Morena por el distrito de Tepeapulco, Jorge Mayorga Olvera, cuestionó sobre del porqué no se han nombrado a los contralores internos dentro de los organismos descentralizados, cuando ellos son los que manejan más del 60 por ciento del presupuesto, “¿es parte de una estrategia del gobierno para que no se pueda ver la realidad?”
A ello, el contralor estatal respondió que, “en la parte de los organismos descentralizados, no hemos podido nombrar en 28 de estos, a un titular de un órgano interno de control; es por una insuficiencia presupuestal que no se han podido nombrar. Concuerdo que puede salir más caro los actos de corrupción que manejan más del 60 por ciento del presupuesto, por lo que se necesita revisar para contar con los recursos para los titulares, así como las figuras marcadas en el Sistema Estatal Anticorrupción”.
Relativo a los perfiles dentro de la Secretaría de Contraloría, la legisladora de Morena, Tatiana Tonantzín P. Ángeles Moreno, cuestionó que, “existen comentarios respecto a los contralores municipales contratados que, más allá de contar con un perfil profesional y académico, son personas que se han contratado como un pago de facturas políticas por haber estado en la campaña del PRI, principalmente”.
En respuesta, Mora Velázquez señaló que los perfiles de estas figuras dentro de los municipios están regulados dentro de las Normas Profesionales de Autoridad del Sistema Nacional de Fiscalización, por lo que a través del contacto Estado-Municipio, hay interacción con ellos y son capacitados constantemente.
En su oportunidad, la legisladora de Morena, Rosalba Calva García, pidió se informe sobre los despachos externos que controla la Secretaría de Contraloría, así como el monto adjudicado para el trabajo de éstos, así como en qué consisten los trabajos, ya que dijo, “que no se hacen públicos dichos informes y ello, no abona a la transparencia en la entidad”.
El funcionario negó que la Contraloría cuente con despachos externos, “si se refiere a las auditorías externas, las cuales realizan las autorías que realizan a los diferentes entes, se encuentran certificados que cuentan con parámetros muy específicos. Sin embargo, para adjudicar los contratos de auditorías externas, será con base a una licitación”.
Por su parte, el representante morenista por el distrito de Zimapán, Víctor Osmind Guerrero Trejo dijo que la percepción del informe que presenta es muy distinta a la realidad; agregó que si hasta el momento, de acuerdo con el reporte presentado, han sancionado a 161 servidores, “ha salido muy caro, para el presupuesto que recibe la dependencia”.
El secretario dijo que el indicador de la corrupción es calificado por el Inegi y es a nivel nacional y que las acciones de la Secretaría van más allá de sancionar, ya que su principal función es prevenir; en réplica, Guerrero Trejo dijo “se la pasan echándose la bolita y nadie asume su responsabilidad, y no vemos a servidores de alto nivel tras las rejas, solo mandos medios y de bajo nivel.”
Más adelante, el representante del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña Flores, expuso que, “de acuerdo a la ley, se contempla la figura de los testigos sociales para verificar el cumplimiento en la norma en procesos de licitación pública que supere montos de 24 millones 180 mil pesos, ¿cuántos contratos de adquisición superan dicho monto y cuáles han sido supervisados por testigos sociales?”
El titular de la Secretaría de Contraloría respondió que el Testigo Social es un mecanismo de participación ciudadana que se pueden incluir en los mecanismos con los que se cumplen, “el día de hoy la Contraloría es líder de proyecto en cuanto a otro mecanismo, ‘Usuario encubierto’. No tenemos, hasta ahorita la figura como tal consolidada por falta presupuestal”.
El diputado priista, José Luis Espinoza Silva, señaló que la Secretaría debería tener información más clara en todos los municipios, a lo que el funcionario respondió que es necesario tener mecanismos en todas las dependencias, “hay muchas áreas de mejora”, agregó.
En su oportunidad, la diputada Susana Araceli Ángeles Quezada pidió al funcionario un ejercicio de autocrítica y mencionara cuáles fueron las principales fortalezas y debilidades de la Contraloría y cuál es el papel que el prevé realizará la dependencia para cerrar la puerta a la corrupción. El funcionario respondió que la principal fortaleza es el personal de la dependencia, que está capacitado y comprometido con su trabajo, y la debilidad es la falta presupuestal para un buen ejercicio de funciones; agregó que su visión es meramente correctiva, prevenir actos de corrupción, y destacó que las observaciones y montos observados se han reducido de manera considerable, por lo que estimó que la Secretaría a su cargo va por buen camino en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En su mensaje final, Ángeles Quezada refirió que su presidencia al frente de esta comisión estará comprometida con el combate frontal a cualquier intento de cualquier persona para impedir que esas viejas prácticas se perpetúen y que en el futuro sigan contaminado el porvenir de los hidalguenses.
“Estoy segura que los diputados y diputadas que integramos esta comisión y esta Legislatura, junto con el Gobierno del Estado, liberaremos la conciencia de todos esos hidalguenses aferrados a usar lo público para privilegiar el bienestar particular sobre el colectivo”, puntualizó.
Dentro de este ejercicio, también participaron con cuestionamientos las y los diputados de Morena, Rafael Garnica Alonso, Roxana Montealegre Salvador, José Luis Muñoz Soto, Humberto Augusto Veras Godoy, Armando Quintanar Trejo y María Corina Martínez García.