Esteban Ángeles Cerón | El Principio de Representación y la Transformación Política y de Gobierno.
En este momento de transición política, el principio de representación democrática en las acciones del Estado, merece una reflexión en torno al papel de los poderes públicos, las instituciones, los actores políticos y la sociedad civil.
Requerimos un trazo analítico que nos indique ¿cuál es el significado de la soberanía popular en un régimen político y de gobierno representativo y democrático, cómo se materializa, y a quiénes corresponde hacerla valer?
Sabemos que en la soberanía popular reside el poder político de la Nación y es el basamento de la acción gubernamental. Su concreción implica la asimilación plena de los representantes elegidos para hacer que el ejercicio del poder público articule prácticas de gobierno abierto, justicia abierta y parlamento abierto, y consolide la tarea pública en el marco de la planeación democrática del Estado.
En efecto, para que el poder público cobre vida, los servidores del Estado, que son la columna vertebral para materializar las respuestas a la ciudadanía, deben cumplir la función de su encargo con responsabilidad decisoria acatando la planeación democrática que sustenta el proyecto de Nación; a ellos corresponde la obligación, por mandato popular, de operar y concretar el ejercicio gubernamental.
El quehacer público también demanda una sociedad civil informada, deliberante, propositiva, analítica y proactiva; capaz de ser un interlocutor responsable que pondere la construcción de ciudadanía desde los valores de la cultura cívica para encontrar consonancia con los desafíos de la Nación.
Empero, los sistemas democráticos a nivel internacional y nacional, enfrentan una grave descomposición y frustración social debido a que imperan expectativas inciertas de desarrollo humano, lo que ha afianzado las anomias de la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la discriminación; escenario que reclama la toma de decisiones gubernamentales en un ambiente de gobernanza activa que propicie la pertinencia democrática de la transversalidad, el asociativismo, la corresponsabilidad y la horizontalidad.
Este contexto advierte una crisis de representatividad en la conducción institucional; un singular dramatismo en la atomización social que hoy vivimos; la pérdida orgánica del asociativismo ciudadano, producto de la erosión de la cultura cívica y ética; la fractura de los valores nacionales, que han diezmado la legitimidad, la confianza y la credibilidad ciudadana en la esfera pública y sus representantes; y un pragmatismo político que ha equivocado el rumbo, obstruyendo el orden programático y minando el peso de las políticas públicas, como respuesta a las demandas sociales.
El problema se agrava por la falta de definiciones y claridad política para un ejercicio gubernamental que enfrente las presiones sociales y cumpla los compromisos de campaña. Esta carencia, se pretende enfrentar propiciando un ambiente favorable al uso de mecanismos como la consulta popular, el referéndum y el plebiscito, con lo que se pretende eludir la responsabilidad asignada por mandato popular.
No debe olvidarse que la confianza ciudadana en los poderes públicos, instituciones y servidores del Estado, reside en la pericia profesional y científica de la cultura de la administración pública.
No toda decisión de Estado puede ser asumida desde los mecanismos de consulta popular, plebiscito o referéndum, porque se corre el riesgo de caer en la puerilidad del encargo público, y por ende, en el cuestionamiento de su pertinencia y operatividad expresa.
Los mecanismos de participación directa que confiere nuestro Contrato Social, deben ser ejercidos por la estructura de los poderes públicos y sus titulares, que expresamente tienen el encargo de constituir el corpus operandi del Estado desde la mesura política. Bajo ninguna circunstancia deben ser utilizados como mecanismos políticos para dejar sin efecto decisiones gubernamentales previas, válidamente motivadas y fundamentadas.
El actual proceso de transición y transformación político-institucional, ha abierto muchos frentes para proyectar el futuro ejercicio gubernamental de la tarea publica, condición reactiva que genera incertidumbre y debe ser ponderada desde la mesura de la respuesta al mandato ciudadano, evitando veleidades que pudieran alterar la continuidad y estructura programática de la planeación del Estado.
Es por ello que un proyecto como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), concebido para darle vitalidad al desarrollo del país y en prospectiva impactar la modernización, no puede caer en la ligereza o el uso estéril de mecanismos de democracia directa, lo que no significa dejar de fiscalizar con toda profundidad los recursos invertidos hasta el momento.
En perspectiva, el proyecto del NAICM, al trazar una visión de planeación necesaria para el desarrollo del país, ha establecido compromisos de inversión pública y privada, nacional e internacional; por lo que debe construirse para potenciar la transformación democrática y dar un nuevo sustento a las lógicas políticas y ciudadanas del Estado.
Somos una República democrática, representativa y federal.
La transformación democrática de la Nación, debe ser refrendada y fortalecida con el sustento de una participación ciudadana instruida desde la cultura cívica.
La ciudadanía debe aprender que la administración pública es su patrimonio, y que tiene que vincularse, confiar y exigir a los servidores públicos corresponsabilidad en la toma de decisiones, para lograr que la armonización de la planeación democrática del Estado, concrete la voluntad soberana del pueblo y no se convierta en instrumento de presión política de intereses sectarios o mezquinos.
La soberanía popular tiene un valor indiscutible en el desarrollo de la Nación. Es menester y obligación política del civismo valórico del Estado, orientarla, preservarla y encauzarla para que la voluntad de la mayoría, no resulte una voluntad ciega o engañada.
Los mecanismos de participación directa como la consulta popular, el plebiscito o el referéndum, deben ser objeto de máxima responsabilidad, jamás un escenario de revancha política que haga de la voz del pueblo, un instrumento que impida el desarrollo de la Nación.
La transformación democrática no puede cifrarse en una lucha de poderes o ideologías, exige plena responsabilidad para constituir una transformación sistémica del país y vínculos armónicos que potencien las virtudes patrimoniales y el desarrollo humano en un México incluyente, libre, abierto y plural, nunca lo contrario.
Nuestra democracia debe ampliar y fortalecer el sentido vinculante de la acción del Estado con la ciudadanía, porque ello implica potenciar y consolidar la acción de los poderes públicos, en la tarea de salvaguardar la integridad, la dignidad y el desarrollo humano de los ciudadanos.
Agenda
- En Palacio Nacional se llevó a cabo el inicio formal de la transición de la Administración Pública Federal, con la presencia del Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, y del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, acompañados de sus respectivos gabinetes.