México, 26 de febrero del 2018.- El mensaje “Fuera narcos de la UNAM” proyectado ayer en las pantallas del Estadio Olímpico Universitario, al medio tiempo del partido de la Liga MX entre Pumas y Guadalajara, fue una instrucción de la Rectoría de la casa de estudios y no tuvo por qué haber deslinde, aseveró el rector de la institución, Enrique Graue Wiechers.
“Me deslindo de haberme deslindado, (el deslinde) no fue instrucción de la Rectoría de ninguna forma, de hecho (el mensaje) lo mandamos poner nosotros. Y hoy inicia una campaña en ese sentido”, aseveró en entrevista tras su participación esta mañana en la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, que organizan la casa de estudios y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Graue Wiechers reconoció que la presencia de narcomenudistas en instalaciones de la Universidad es un problema de meses, incluso años, por lo que ha habido acercamientos frecuentes con las autoridades correspondientes para tratar de resolverlo.
“Hay detenciones, ya son más de tres decenas de narcomenudistas (los detenidos). Los hechos (violentos que dejaron dos muertos) del viernes pasado deben interpretarse en este contexto. No es una violencia entre universitarios, pero sí sucedió en la casa de estudios”
Pese a esta crisis, negó categóricamente que exista riesgo de que en el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 (cuando se vulneró la autonomía universitaria con la presencia del Ejército en las instalaciones de la UNAM) de que las fuerzas del orden, incluido el Ejército o la policía, vuelvan a irrumpir en el campus.
Llamó a los jóvenes universitarios a entender que la presencia de narcomenudistas dentro y en las inmediaciones de los campus de la UNAM y el contacto con ellos, son un riesgo.
Por su parte, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, manifestó la solidaridad de la institución a su cargo con la Universidad por los hechos violentos del viernes pasado.
“El miedo, la violencia y la inseguridad que enfrenta nuestra sociedad ha tocado espacios en los que no puede tener cabida ni puede ser aceptada. Desde la CNDH lamentamos los hechos de violencia que se han vivido en espacios de la UNAM, nos solidarizamos con los miembros de la comunidad universitaria que han sido víctimas de la misma y nos sumamos al reclamo de una investigación pronta, objetiva e integral de tales hechos.
“La Universidad ha sido, y debe seguir siendo, un espacio para la construcción de la cultura, el desarrollo de conocimiento, de la investigación y la formación de nuestra juventud. Quien afecta a la UNAM afecta a México. La CNDH estará en torno a su comunidad y a usted (rector) en estos momentos. Es tarea e interés común preservarla de que el crimen y la violencia la vulneren y afecten a su comunidad”.
González Pérez, quien fue abogado general de la casa de estudios, exigió a las procuradurías General de la República y de Justicia de la Ciudad de México a indagar y resolver la problemática que ya afecta a la Universidad.
“Tiene que haber una articulación entre esas instancias, Federación y entidad de la Ciudad de México, tienen que establecer una estrategia que tenga la inteligencia que permita ver en donde está el crimen organizado, a dónde van a surtirse para después llevarlo a los chavos. Y no es en el campus, hay que darle seguimiento a donde está esa asociación del crimen organizado, por eso los sistemas de inteligencia deben funcionar”.
Al ser interrogado sobre el hecho de cómo resolver el problema sin violentar la autonomía universitaria, señaló que esta condición no significa un aislamiento. “Autonomía no es impunidad, autonomía no es una barrera para que las autoridades competentes puedan perseguir el delito y prevenirlo. Autonomía se refiere a precisamente la capacidad que tiene la Universidad para darse sus planes y programas de estudios, para que los universitarios resuelvan sus problemas de educación, de investigación, de extensión de la cultura; pero no debe de ser pretexto la autonomía para que las autoridades de procuración de justicia no cumplan con el deber que les asiste”.
Redacción La Jornada
