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martes, 22 de mayo de 2018

Davos: Las Economías Sostenibles y el Proceso Electoral de 2018 | Esteban Ángeles Cerón.

La lección histórica del Foro Económico Mundial de Davos, precisa que en las sociedades complejas, las estructuras políticas son imprescindibles para garantizar las oportunidades sociales.

El grupo selecto de potencias, ha reconocido a nivel internacional, que la dimensión pública modela y conduce las acciones del orden privado, por lo que cualquier prescripción de desarrollo y seguridad humana, debe ser trazada desde el Estado.

El dinamismo de los agentes privados de la economía depende de la estructura y armonización de los poderes públicos, esto indica que el escenario de las elecciones en México del 2018, constituyen uno de los mayores retos políticos de la Nación.

En esta tesitura, sobresale la tensión que ha creado el modelo económico y su sostenibilidad en un país como el nuestro, donde la desigualdad y la pobreza, unidas al deterioro creciente de la seguridad ciudadana, han rebasado las lógicas de las agendas gubernamentales.

La prospectiva de Davos, advierte que ningún país podrá enfrentar los retos del desarrollo integral, si antes no logra la inclusión social en términos de equidad, seguridad, desarrollo humano, y abate las anomias de la corrupción e impunidad. Todas ellas, obstáculos para la integración-país en el orbe.

En este escenario, ¿cuáles son las amenazas inmediatas que deberá atender la conformación de los poderes públicos, de cara a su renovación?

La piedra angular estriba en la reestructuración gubernamental, tarea en la que es evidente que los reflectores sociales se centran en la sucesión presidencial, pero el poder legislativo y el judicial tienen que atender con responsabilidad compartida, la funcionalidad de la estructura orgánica del Estado.

Esta vertebración política exige del Ejecutivo, preservar y fortalecer las condiciones de gobernabilidad y gobernanza activa en el marco del Estado Democrático de Derecho, y garantizar que el ejercicio de los Derechos Humanos, sea la premisa fundamental del quehacer público para la seguridad humana y el desarrollo integral con equidad.

En esta articulación gubernamental, es imprescindible la profesionalización de los legisladores, ya que es ineludible que su tarea presente racionalidad plena en la motivación de la Ley. No pueden caer en el abuso, tampoco en la desfachatez de la curul, ni el autoritarismo que atropella al ciudadano con una legislación impertinente, contraria a la soberanía popular.

Jamás deberán obviar que una Ley se concibe para hacer valer la voz del pueblo, nunca para ir en su contra. Condición para que el Estado Democrático de Derecho sea la vanguardia que incida en la generación de oportunidades sociales, donde el proceder del legislador sea en los hechos, el ejercicio del poder emanado de la voluntad ciudadana.

La fuerza del Poder Judicial está en garantizar la definitividad en el cumplimiento de la ley. Su certeza es el nuevo horizonte de limpieza donde la justicia gratuita, pronta y expedita, jamás atiende la prebenda insana, los intereses oscuros o el valor de la clase social.

En este sentido, el Foro de Davos ha hecho prescripciones que no son ajenas a la renovación de los poderes públicos en el proceso electoral de 2018, que impone trascender la visión internacional de un mundo fracturado a una agenda política anhelada por la ciudadanía: la construcción de un futuro común.

Somos una sociedad que aún no logra hacer valer las premisas de equidad, justicia y dignidad humana. Davos sitúa las prioridades globales en inclusión, competitividad, política, medio ambiente y economía.

Estos temas deben ser la oferta política que de forma vinculante, partidos y candidatos deben proponer, comprometer y cumplir a la ciudadanía, para erradicar el consabido fracaso de nuestra planeación trunca, antidemocrática y fallida de Estado.

La inclusión es un rubro de oportunidades, genera para la sociedad y sus ciudadanos el desarrollo armónico que sustenta la capilaridad social productiva, económica, cultural, digital y humana.

Una Nación es competitiva cuando existe justicia distributiva, cuando la sociedad es partícipe del desarrollo y prima la dignidad humana en la racionalidad gubernamental, que no segrega ni discrimina al ciudadano de la equidad social.

México demanda un sistema político y de gobierno que responda a la globalidad competitiva de las nuevas tecnologías y a la generación del capital intelectual, cuestiones sólo posibles, en la horizontalidad de jure y de facto.

No debemos olvidar que la política es la virtud que armoniza y concreta las aspiraciones y oportunidades sociales; que provoca la confianza ciudadana que proviene de la transparencia y rendición de cuentas, de poderes abiertos y de gobiernos en público, de congruencia, probidad y corresponsabilidad social. Principios que hacen de la política un instrumento de dignificación humana, que frenan el atropello, la voracidad y el contubernio de escritorio.

El proceso electoral de 2018 no debe ser sólo “la rotación en la silla del águila”; debe velar porque la madurez de la clase política y su apego irrestricto a la voluntad del pueblo, construyan un país sin dobleces y al margen de la corrupción e impunidad.

Pensar un país en desarrollo implica preservar las potencialidades naturales para su población. Ninguna revolución industrial puede avasallar al medio ambiente y la biodiversidad. Es imprescindible admitirlo como principio de una verdadera planeación democrática y crear leyes estrictas para la protección de la riqueza natural del país. Sólo así se garantizan los derechos y el patrimonio de las futuras generaciones.

No existe economía sostenible allí donde la distribución de la riqueza es letra muerta. El desarrollo científico-técnico aplicado a los avances del mercado, no puede sujetar al Estado ni condicionar la soberanía nacional; no puede ser una retórica electoral, sino la praxis de la participación ciudadana como el Derecho Humano al buen gobierno, al que no recurre al mesianismo, sino al trazo con rumbo cierto y dirección de las potencialidades del país.

Requerimos crear un nuevo paradigma económico, político y social; donde la inclusión no sea una cadena de explotación humana, sino el constructo solidario de una Nación, que se mira como grande porque le pertenece a su pueblo.

Agenda

  • Nos preguntamos de quién será la mano que mece la cuna del diputado Luis Baños Gómez y el moche que habría recibido por impulsar la extinción del CCCEH; ya que como Se dice, en la anterior legislatura habría recibido un humilde departamentito en la zona plateada de la capital del estado de Hidalgo.
  • Una pifia más del congreso del estado de Hidalgo al recortar el presupuesto del IEEH, sin tomar en cuenta los convenios entre el INE y el IEEH, ni considerar que esta acción pone en riesgo los comicios concurrentes de 2018. ¿Pues qué pasa?

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